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Operarios de un taller metalmecánico argentino revisan piezas de acero para proveer a grandes proyectos de inversión.

Argentina abre la categoría de proveedor local del RIGI a empresas con capital extranjero

hace 51 minutos
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El Decreto 1366/2026, publicado el 16 de noviembre en el Boletín Oficial de Argentina, define como proveedor local del RIGI a toda empresa constituida y domiciliada en el país, sin importar el origen de su capital.


El Gobierno de Argentina publicó el 16 de noviembre de 2026 en el Boletín Oficial el Decreto 1366/2026, que redefine quién puede ser considerado proveedor local del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI): desde ahora basta con que una empresa esté constituida y domiciliada en el país, sin importar la nacionalidad de sus accionistas ni la composición de su capital. Para las pymes argentinas que se preparaban para venderles bienes y servicios a los grandes proyectos de minería, energía e hidrocarburos, el cambio significa más competencia, porque filiales de grupos extranjeros radicadas en Argentina también entran en la categoría.


El Decreto 1366/2026, identificado como DECTO-2026-1366-APN-PTE, fue firmado en Buenos Aires el 13 de noviembre por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego César Santilli, y el ministro de Economía, Luis Andrés Caputo. Modifica el Decreto 749/2024, que reglamenta el Título VII de la Ley 27.742, donde se creó el RIGI, y rige desde el mismo día de su publicación.


Qué es el RIGI y por qué importa la figura de proveedor local

El RIGI es el esquema con el que Argentina ofrece estabilidad y beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios a los grandes proyectos de inversión que se adhieren a él. Cada proyecto se canaliza a través de un Vehículo de Proyecto Único (VPU), la sociedad o estructura que asume los compromisos de inversión ante la Autoridad de Aplicación.


Alrededor de esos proyectos se mueve una cadena de suministro amplia: metalmecánicas, empresas de ingeniería, transportistas, proveedores de insumos, servicios de mantenimiento, alimentación y alojamiento de personal. La categoría de proveedor local define qué empresas cuentan como parte de esa cadena nacional, y por eso su redacción tiene efectos directos sobre quién compite por los contratos.


PYME NOTICIAS ya había reseñado el interés de las pymes argentinas por ese mercado, cuando 43 grandes empresas se reunieron con proveedores locales en la primera ronda de negocios del RIGI en Rosario. El nuevo decreto cambia las reglas sobre quién puede sentarse del lado de los proveedores.


El nuevo concepto de proveedor local, artículo por artículo

El artículo 1 del decreto sustituye el inciso f) del artículo 3 del anexo reglamentario. Según el nuevo texto, "son proveedores locales a los efectos del RIGI aquellos que cumplan con los siguientes requisitos", y los requisitos se agrupan en tres puntos.


Primero, los sujetos: pueden serlo las personas humanas con domicilio fiscal en Argentina y las personas jurídicas constituidas y domiciliadas en el país. Para estas últimas, el decreto aclara que no importa la nacionalidad o la residencia de sus accionistas ni la composición de su capital. Segundo, el objeto: el proveedor debe prestar servicios o proveer bienes destinados a uno o más VPU adheridos al régimen. Tercero, el origen de los bienes: para que sean considerados de origen nacional, deben cumplir los criterios del Anexo I del Acuerdo de Complementación Económica N.º 18 (ACE 18) del Mercosur y sus protocolos, con una metodología que definirá la Autoridad de Aplicación.


En la práctica, el cambio separa dos preguntas que antes podían confundirse: quién es la empresa y de dónde viene lo que vende. La nacionalidad del capital deja de importar, pero el origen de los bienes sigue sometido a reglas de origen del Mercosur.


Qué motivos da el Gobierno argentino

En los considerandos, el Ejecutivo explica que la experiencia de implementación del régimen aconsejó precisar alcances y mantener la coherencia con sus objetivos. Entre los motivos menciona ampliar la integración a las cadenas de suministro de las empresas radicadas en el país, a partir de su vinculación jurídica con el territorio y no de la composición de su capital.


El decreto no menciona a las pymes de forma expresa. Su foco está en los proveedores locales en general, lo que deja a las empresas pequeñas en la misma categoría que filiales de compañías multinacionales constituidas en Argentina.


Los otros cambios: inversión mínima, acciones, UTE y sucursales

El decreto también ajusta otros puntos del reglamento que interesan a quienes trabajan alrededor de los grandes proyectos.


El artículo 2 redefine la fecha límite, entendida como aquella antes de la cual el VPU se compromete a alcanzar el monto mínimo de inversión en activos computables. El texto pide que esa fecha sea razonable según las prácticas del sector, y los considerandos explican que se busca distinguir el monto mínimo del proyecto en conjunto de los compromisos por etapa, en especial para los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP).


El artículo 3 reemplaza el artículo 62 del reglamento. Prohíbe que un VPU adquiera otro proyecto que no sea una ampliación del mismo proyecto RIGI y exige aprobación de la Autoridad de Aplicación cuando una operación involucra dos o más proyectos. Establece que cualquier tercero puede comprar acciones de un VPU sin alterar sus derechos, pero esas compras posteriores a la solicitud de adhesión no cuentan como inversión computable. Para las uniones transitorias de empresas (UTE) y otros contratos asociativos, permite ceder participaciones o incorporar miembros informando a la Autoridad dentro de los 15 días corridos desde la inscripción en el Registro Público; la Autoridad tiene 30 días corridos para observar la operación y, si no lo hace, se considera conformada. También autoriza que las sucursales dedicadas se reorganicen en una sociedad anónima (S.A.) o sociedad anónima unipersonal (S.A.U.) sin nueva adhesión.


El acceso al mercado de cambios para los proyectos exportadores

El artículo 4 modifica el inciso c) del artículo 100 del reglamento. Permite que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) condicione el acceso al mercado de cambios de los VPU que incluyan el incentivo sobre cobros de exportaciones: solo podrán acceder si las divisas del exterior que liquidaron son iguales o mayores a lo que demandan para el proyecto, incluido el acceso solicitado.


Para ese cálculo se suman los aportes o endeudamientos externos liquidados por socios o accionistas del VPU, por integrantes de uniones transitorias y por la sociedad titular de una sucursal dedicada, siempre que se destinen efectivamente al proyecto y tengan trazabilidad según los procedimientos del BCRA. La restricción no aplica al pago de intereses de deudas financieras ni a dividendos habilitados.


Qué cambia para las pymes proveedoras argentinas

Para una pyme metalmecánica de Neuquén que fabrica estructuras para la industria petrolera, la nueva redacción significa que competirá por la categoría de proveedor local con filiales de grupos extranjeros que tengan sociedad constituida en Argentina. Su diferencial ya no será el origen del capital, sino el precio, la calidad, la cercanía y la capacidad de cumplir plazos.


Para una empresa de servicios de ingeniería o de mantenimiento industrial en San Juan o Catamarca, la situación es similar: los grandes proyectos mineros podrán contratar como proveedor local a firmas internacionales con estructura argentina. A cambio, se abre una oportunidad de asociación, porque esas filiales pueden necesitar subcontratistas locales para operar.


En el caso de los fabricantes de bienes, el punto clave es el requisito de origen. Una pyme que produce insumos con integración nacional real seguirá teniendo un argumento sólido, porque los bienes deberán cumplir las reglas del ACE 18. Un distribuidor que solo revende productos importados, en cambio, tendrá más dificultades para que sus bienes se consideren de origen nacional, aunque su empresa califique como proveedor local.


La lectura del decreto llega en un momento difícil para la industria pequeña: el observatorio pyme reseñado por PYME NOTICIAS mostró que las pymes industriales argentinas suman 14 trimestres de caída.


Qué pueden aprender las pymes colombianas del caso argentino

Para las pymes colombianas, el Decreto 1366/2026 deja tres lecciones. La primera es que los regímenes de grandes inversiones cambian con el tiempo y que las condiciones de contenido local pueden ajustarse por decreto. Quien construye su estrategia comercial alrededor de una preferencia regulatoria debe vigilar los boletines oficiales y tener un plan alternativo basado en competitividad.


La segunda es que el decreto abre una puerta concreta: una empresa colombiana que constituya una sociedad y se domicilie en Argentina podría calificar como proveedor local del RIGI, siempre que cumpla los demás requisitos, incluido el de origen para los bienes. Para firmas colombianas de ingeniería, software industrial, servicios mineros o energéticos, esto puede ser relevante si evalúan ese mercado.


La tercera es que el desarrollo de proveedores funciona mejor cuando se apoya en capacidades reales. En Brasil, por ejemplo, el programa Fortalecer de Sebrae y Petrobras ayudó a pequeños proveedores a entrar en la cadena de la petrolera. Ese tipo de preparación es útil en cualquier país donde lleguen grandes proyectos.


Antes de tomar decisiones, una pyme interesada en la cadena del RIGI puede hacer este chequeo práctico:


  • Revise el texto completo del decreto en el Boletín Oficial de la República Argentina y las demás normas de la primera sección del 16 de noviembre.

  • Verifique si su empresa está constituida y domiciliada en Argentina o si necesitaría crear una sociedad local.

  • Evalúe si sus bienes cumplen los criterios de origen del ACE 18 del Mercosur.

  • Identifique qué proyectos adheridos al RIGI demandan los bienes o servicios que usted ofrece.

  • Considere alianzas con filiales extranjeras que necesiten subcontratistas locales.


El decreto no elimina las oportunidades para las pymes, pero sí elimina un atajo. A partir de ahora, la ventaja de una empresa pequeña en la cadena del RIGI dependerá más de su capacidad de competir que de la nacionalidad de su capital.


Fuente principal: Boletín Oficial de la República Argentina, "Decreto 1366/2026 – DECTO-2026-1366-APN-PTE – Decreto N.º 749/2024. Modificación", publicado el 16 de noviembre de 2026. Información complementaria: Boletín Oficial, primera sección del 16 de noviembre de 2026.


Preguntas frecuentes sobre el Decreto 1366/2026 y los proveedores locales del RIGI

¿Qué establece el Decreto 1366/2026 de Argentina?

Modifica el reglamento del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y redefine el concepto de proveedor local, además de ajustar reglas sobre inversión mínima, transferencias de acciones, uniones transitorias y acceso al mercado de cambios.


¿Cuándo se publicó y desde cuándo rige?

Se publicó en el Boletín Oficial el 16 de noviembre de 2026 y entró en vigencia ese mismo día. Fue firmado el 13 de noviembre.


¿Quién firmó el decreto?

El presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego César Santilli, y el ministro de Economía, Luis Andrés Caputo.


¿Qué es un proveedor local del RIGI ahora?

Es una persona humana con domicilio fiscal en Argentina o una persona jurídica constituida y domiciliada en el país que provee bienes o servicios a uno o más proyectos adheridos al RIGI.


¿Importa el origen del capital de la empresa?

No. El decreto aclara que no importa la nacionalidad o residencia de los accionistas ni la composición del capital de la persona jurídica.


¿Qué requisito deben cumplir los bienes?

Para considerarse de origen nacional, deben cumplir los criterios del Anexo I del Acuerdo de Complementación Económica N.º 18 del Mercosur y sus protocolos, según la metodología que fije la Autoridad de Aplicación.


¿Qué es un VPU?

El Vehículo de Proyecto Único es la sociedad o estructura a través de la cual se canaliza cada proyecto adherido al RIGI y que asume sus compromisos de inversión.


¿La compra de acciones de un VPU cuenta como inversión?

No. Según el artículo 3, las compras de acciones de un VPU por terceros posteriores a la solicitud de adhesión no generan cómputo de inversiones en activos computables.


¿Qué plazos fija el decreto para las uniones transitorias?

Los cambios de miembros deben informarse dentro de los 15 días corridos desde su inscripción, y la Autoridad de Aplicación tiene 30 días corridos para observarlos; si no lo hace, se consideran conformados.


¿Qué cambia en el acceso al mercado de cambios?

El BCRA puede condicionar el acceso de ciertos VPU exportadores a que las divisas que liquidaron igualen o superen lo demandado para el proyecto, sumando aportes y deudas externas de sus socios.


¿El decreto menciona a las pymes?

No de forma expresa. Habla de proveedores locales en general, por lo que las pymes compiten en la misma categoría que filiales de empresas extranjeras constituidas en Argentina.


¿Puede una empresa colombiana ser proveedor local del RIGI?

Según el nuevo texto, podría hacerlo si constituye una persona jurídica domiciliada en Argentina y cumple los demás requisitos, incluido el de origen para los bienes.

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