
México endurece la revisión de inversión extranjera: compras de más del 49 % de empresas en sectores estratégicos necesitarán aval de la CNIE
El decreto que reforma la Ley de Inversión Extranjera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de noviembre de 2026, crea un filtro de seguridad nacional para adquisiciones extranjeras de más del 49 % del capital, con 45 días hábiles para resolver y multas de hasta 200.000 UMA.
México publicó el 19 de noviembre de 2026 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, que entra en vigor al día siguiente de su publicación. La reforma crea un nuevo capítulo de seguridad nacional en las inversiones extranjeras: cuando un inversionista extranjero quiera participar, de forma directa o indirecta, en más del 49 % del capital social de una sociedad mexicana que opere en actividades estratégicas y cuyos activos superen el umbral que fije la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE), necesitará una resolución favorable de esa Comisión, que tendrá 45 días hábiles para decidir. Para las medianas empresas mexicanas de tecnología, energía, telecomunicaciones, datos o ciberseguridad que buscan un socio o comprador extranjero, el cambio implica prever un nuevo trámite y riesgos de multas de hasta 200.000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) si lo omiten.
El decreto del Congreso de la Unión está fechado el 27 de octubre de 2026. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lo expidió el 13 de noviembre de 2026, con el refrendo de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.
El nuevo filtro de seguridad nacional del artículo 30 Bis
El corazón de la reforma es el nuevo Título Sexto Bis, dedicado a la seguridad nacional en las inversiones extranjeras. Su artículo 30 Bis establece que se requiere resolución favorable de la Comisión cuando la inversión extranjera pretenda participar en más del 49 % del capital social de una sociedad mexicana, siempre que se cumplan dos condiciones: que el valor total de los activos de la sociedad supere el monto que la Comisión determine mediante resolución general, y que su actividad esté dentro de alguna de las categorías que señala la ley.
Si la empresa no supera ese umbral de activos, pero la participación extranjera buscada es mayor al 49 %, la solicitud es voluntaria. Es decir, las partes pueden pedir el pronunciamiento de la Comisión aunque no estén obligadas, algo que puede servir para dar certeza a una operación.
Los sectores que entran en la revisión
El artículo 30 Bis enumera cinco categorías de actividad. La primera son las infraestructuras estratégicas físicas o virtuales, que incluyen energía, transporte, salud, comunicaciones, minería, datos, sistemas digitales, aeroespacial, defensa, instalaciones sensibles y los terrenos o inmuebles indispensables para ellas.
La segunda son las tecnologías críticas y de doble uso, entre ellas la inteligencia artificial, la robótica, los semiconductores, la ciberseguridad, el sector aeroespacial, la defensa, el almacenamiento de energía, la tecnología cuántica, la nuclear, las nanotecnologías y las biotecnologías.
La tercera es el suministro de insumos fundamentales, como energía, materias primas y seguridad alimentaria. La cuarta es el acceso a información sensible, como datos personales, o la capacidad de controlarla. La quinta deja abierta la puerta a otras actividades análogas que la Comisión determine mediante resolución general.
La amplitud de la lista es lo que más debe llamar la atención de los empresarios. Una empresa de software que procesa datos personales de clientes, un fabricante de componentes electrónicos, una empresa de almacenamiento de energía solar o un proveedor de insumos agroalimentarios podrían quedar dentro de alguna de estas categorías.
Cómo es el trámite y en cuánto tiempo se resuelve
Según el artículo 30 Ter, la solicitud la presentan de manera conjunta la sociedad mexicana y el inversionista extranjero ante la Secretaría Técnica de la Comisión. El artículo 30 Quater fija un plazo de 45 días hábiles, contados desde la presentación, para que la Comisión resuelva. En lo no previsto se aplica la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
El decreto también ajusta el artículo 28, que fija en 45 días hábiles el plazo para resolver, y aclara que en asuntos de seguridad nacional no opera la aprobación por silencio administrativo. Dicho de otra forma, si la Comisión no responde a tiempo en un caso de seguridad nacional, la operación no se entiende aprobada automáticamente.
Las tres respuestas posibles de la Comisión
El artículo 30 Quinquies establece tres sentidos de resolución. La Comisión puede declarar viable la adquisición si no existen riesgos o amenazas a la seguridad nacional; puede condicionarla a modificaciones del proyecto para mitigar el riesgo, a cargo de las partes, o puede impedirla por razones de seguridad nacional. Las resoluciones favorables o condicionadas pueden incluir términos específicos, reportes periódicos y evaluaciones de cumplimiento.
Además, según el artículo 30 Sexies, los integrantes de la Comisión no pueden abstenerse en asuntos de seguridad nacional y los acuerdos se toman por mayoría.
Multas de hasta 200.000 UMA y posible desinversión
La reforma al artículo 38 eleva el costo de no cumplir. Si la sociedad mexicana transfiere acciones al inversionista sin la resolución favorable o a pesar de una negativa, la multa va de 5.000 a 200.000 UMA. La misma sanción aplica a quien incumpla las medidas de mitigación ordenadas por la Comisión.
Otras infracciones tienen multas menores: realizar actos que requieran resolución favorable sin obtenerla, de 1.000 a 5.000 UMA; omisiones o errores en obligaciones de inscripción, reporte o aviso al Registro, de 30 a 100 UMA. La UMA es la Unidad de Medida y Actualización, la referencia que usa la ley para fijar el monto de las multas.
Además de las multas, la Comisión puede ordenar la desinversión, con un plazo de 90 días hábiles para desincorporar los activos, prorrogable por un periodo igual.
Una Comisión más amplia y con más rendición de cuentas
El decreto también modifica la integración de la Comisión, que suma a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, y prevé invitados permanentes en asuntos de seguridad nacional, con voz pero sin voto: la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera.
La Comisión deberá presentar al Congreso un informe estadístico cuatrimestral sobre la inversión extranjera y un informe semestral sobre su gestión en materia de seguridad nacional. El artículo 30 de la ley anterior queda derogado.
El umbral de activos todavía no se conoce
Hay un dato clave pendiente. El transitorio segundo da a la Comisión un plazo máximo de 180 días naturales, desde la publicación del decreto, para publicar en el DOF la resolución general que fija el monto de activos del artículo 30 Bis. Hasta que esa cifra se conozca, no es posible saber con precisión qué tamaño de empresa quedará obligada a pedir autorización.
El transitorio cuarto indica que los asuntos en trámite antes de la entrada en vigor se resolverán con las normas vigentes al momento de su presentación. Y el transitorio tercero señala que los gastos de implementación se cubrirán con recursos del presupuesto de la Secretaría de Economía, sin ampliaciones.
Qué significa para empresas mexicanas que buscan socios extranjeros
Para el dueño de una mediana empresa, la reforma no prohíbe vender ni recibir capital extranjero, pero sí agrega un paso en las operaciones donde el inversionista quiera quedarse con la mayoría. Una startup de ciberseguridad en Guadalajara que negocia con un fondo extranjero la venta del 60 % de sus acciones, por ejemplo, tendría que revisar si sus activos superan el umbral cuando se publique. Una empresa de logística con bodegas cercanas a instalaciones sensibles, o una procesadora de alimentos ligada a la seguridad alimentaria, también deberá analizar si su actividad encaja en las categorías.
Un chequeo práctico antes de negociar con un inversionista extranjero:
Identifique si su actividad encaja en alguna de las cinco categorías del artículo 30 Bis.
Calcule el valor total de sus activos y esté atento a la publicación del umbral en el DOF.
Incluya en el calendario de la operación al menos 45 días hábiles para la resolución.
Pacte en el contrato qué pasa si la Comisión condiciona o impide la compra.
Evalúe presentar la solicitud voluntaria si no está obligado pero quiere certeza.
Qué pueden aprender las pymes colombianas del caso mexicano
Las pymes colombianas que exportan servicios tecnológicos o buscan socios en México deben tener en cuenta este nuevo filtro de seguridad nacional. Si una empresa colombiana planea comprar la mayoría de una sociedad mexicana en sectores como datos, energía o software, deberá contemplar el trámite ante la Comisión y su plazo de 45 días hábiles.
La lección de fondo es que el capital extranjero ya no se evalúa solo por su efecto económico, sino también por los riesgos para la seguridad de cada país. Otros mercados de la región se mueven en direcciones distintas: Argentina, por ejemplo, abrió la categoría de proveedor local del RIGI a empresas con capital extranjero. En México, además, conviene seguir otros cambios recientes que afectan a las empresas, como la ley de pagos digitales publicada en el DOF y la reforma al ISR que amplía el RESICO.
El texto completo y la ficha oficial pueden consultarse en la nota del decreto en el Sistema de Información del DOF.
Fuente principal: Presidencia de la República, "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de noviembre de 2026. Información complementaria: ficha del decreto en el Sistema de Información del Diario Oficial de la Federación.
Preguntas frecuentes sobre la reforma a la Ley de Inversión Extranjera de México
¿Cuándo se publicó la reforma a la Ley de Inversión Extranjera?
El decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 19 de noviembre de 2026 y entra en vigor al día siguiente de su publicación.
¿Qué operaciones necesitan autorización de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras?
Las inversiones extranjeras que busquen más del 49 % del capital social de una sociedad mexicana cuyos activos superen el umbral fijado por la Comisión y cuya actividad esté en alguna de las categorías estratégicas de la ley.
¿Qué sectores se consideran estratégicos?
Infraestructuras estratégicas como energía, transporte, salud, comunicaciones, minería y datos; tecnologías críticas como inteligencia artificial, semiconductores y ciberseguridad; insumos fundamentales; acceso a información sensible, y otras actividades análogas que defina la Comisión.
¿Cuál es el umbral de activos?
Todavía no se conoce. La Comisión tiene hasta 180 días naturales desde la publicación del decreto para fijarlo mediante resolución general en el DOF.
¿Qué pasa si la empresa no supera el umbral de activos?
Si la participación extranjera buscada es mayor al 49 % pero los activos no superan el umbral, la solicitud es voluntaria.
¿Cuánto tarda la Comisión en resolver?
La Comisión tiene 45 días hábiles contados desde la presentación de la solicitud.
¿Quién presenta la solicitud?
La sociedad mexicana y el inversionista extranjero la presentan de manera conjunta ante la Secretaría Técnica de la Comisión.
¿Aplica el silencio administrativo?
No en asuntos de seguridad nacional. Si la Comisión no responde, la operación no se entiende aprobada.
¿Qué puede decidir la Comisión?
Puede declarar viable la adquisición, condicionarla a medidas de mitigación o impedirla por razones de seguridad nacional.
¿Cuáles son las multas por no pedir autorización?
Transferir acciones sin resolución favorable o incumplir medidas de mitigación se sanciona con multas de 5.000 a 200.000 UMA. La Comisión también puede ordenar la desinversión en 90 días hábiles, prorrogables.
¿Qué pasa con los trámites que ya estaban en curso?
Los asuntos en trámite antes de la entrada en vigor se resuelven con las normas vigentes al momento de su presentación.




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