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Una microempresa produce apenas el 16% de lo que produce una grande: la brecha que destaca el Informe Nacional de Competitividad

hace 1 día
8 min de lectura

Colombia Compite, antes Consejo Privado de Competitividad, presentó el 30 de septiembre su Informe Nacional de Competitividad 2026-2027. Pone cifras a la baja productividad de las mipymes, a la informalidad y al exceso de normas, y fija cuatro desafíos urgentes para el Gobierno.


La productividad de una microempresa colombiana equivale apenas al 16% de la de una empresa grande, y el 98% de las empresas del país son micro o pequeñas. Esa es una de las cifras centrales del Informe Nacional de Competitividad 2026-2027, que Colombia Compite, la organización antes conocida como Consejo Privado de Competitividad (CPC), presentó el miércoles 30 de septiembre de 2026 en Bogotá. El documento, que conmemora 20 años del primer informe, concluye que la principal deuda del país sigue siendo la productividad y propone una hoja de ruta para 2026-2030 que incluye una limpieza regulatoria de fondo. Para las pymes, es un diagnóstico de los frenos que enfrentan a diario y una pista de qué reformas podrían aliviarlos en los próximos cuatro años.


La presidenta de la organización, Ana Fernanda Maiguashca, recuerda en la presentación que hace veinte años publicaron el primer informe con la convicción de que el bienestar de Colombia depende de la capacidad de construir acuerdos. En estas dos décadas, señala, aumentaron el ingreso por habitante, la cobertura en salud y educación, el acceso a internet y las capacidades institucionales. "La principal deuda sigue siendo la productividad", afirma.


El lanzamiento y el cambio de nombre

Según la página oficial del evento de lanzamiento, la presentación se realizó en Hall 74, en la calle 74 de Bogotá, a partir de las 4:30 de la tarde, con la participación anunciada del vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo; el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond Baquero; Miguel Cortés, presidente del Grupo Bolívar y miembro del consejo directivo de la organización, y Freddy Vega, cofundador de Platzi. El informe se publica ya bajo la marca Colombia Compite y se acompaña de capítulos sobre desarrollo empresarial, eficiencia del Estado, mercado laboral, energía, economía digital y financiación empresarial, entre otros. Además de los 13 capítulos temáticos, incluye un capítulo dedicado a la reconstrucción de la zona suroccidental del país, la más afectada por el terremoto del 10 de agosto.


Un país de microempresas con baja productividad

El capítulo de desarrollo empresarial describe una estructura muy concentrada en negocios pequeños. De 1,8 millones de empresas formales activas en 2025, el 91,8% son microempresas y solo el 0,4% se clasifican como grandes, según datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) citados en el informe. Las micro y pequeñas empresas, que suman el 98% del total, generan cerca del 40% del empleo formal.


El problema es lo que produce cada una. La productividad de una microempresa equivale al 16% de la de una gran empresa; en las pequeñas la proporción sube a 43% y en las medianas a 51%. Conviene precisar que esa comparación proviene de un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y otras entidades de 2019, que el informe sigue usando como referencia.


En el agregado, el resultado es preocupante: entre 2005 y 2025, la productividad total de los factores (PTF), que mide cuánto se produce con el mismo capital y trabajo, le restó en promedio 0,2 puntos porcentuales al crecimiento anual del PIB. Es decir, la economía creció por acumular más trabajadores y capital, no por usarlos mejor.


La informalidad como techo para crecer

El informe señala que cerca del 60% de las unidades productivas operan por fuera de la formalidad y que la informalidad laboral afecta a alrededor del 55% de los ocupados. En las zonas rurales supera el 83%, y en departamentos como Chocó y La Guajira más del 70% del empleo es informal.


Para una pyme formal, esa cifra se traduce en competencia desigual. Una tienda de ropa en Cúcuta que paga impuestos, nómina y seguridad social compite con vendedores que no asumen esos costos. Un taller de confección en Medellín que quiere crecer encuentra que muchos de sus potenciales proveedores no pueden facturar.


Entre sus recomendaciones, el informe pide reglamentar e implementar la Ley 2254 de 2022 y su Escalera de la Formalidad, que busca que los negocios se formalicen de manera gradual, en vez de enfrentar todos los costos de una vez.


8.672 normas en un año: el costo de la maraña regulatoria

El capítulo de eficiencia del Estado contiene un dato que cualquier empresario reconocerá: en 2023 se emitieron en Colombia 8.672 normas entre circulares, decretos, leyes y resoluciones, lo que equivale a 23,7 cada día. Para un negocio pequeño, sin área jurídica, seguir ese ritmo es casi imposible, y cada cambio implica tiempo, asesoría y riesgo de sanción.


A eso se suma la baja digitalización de los trámites. En 2024 solo el 9,7% de las personas usó internet para interactuar con autoridades públicas, frente al 46,3% en Brasil y al 66,2% en promedio en los países de la OCDE. Colombia está 56,5 puntos porcentuales por debajo de ese promedio.


El informe propone dar trámite a los proyectos normativos derivados de Colombia Progresa 2630, una iniciativa que el CPC desarrolló con la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), el Centro Regional de Estudios de Energía (CREE), la Fundación para el Estado de Derecho y Así Vamos en Salud. Su objetivo es formular propuestas de simplificación, depuración y modernización normativa. También plantea implementar herramientas de inteligencia artificial (IA) en el aparato estatal y optimizar el tamaño del Estado.


Los cuatro desafíos urgentes para el Gobierno

El informe identifica cuatro desafíos urgentes para el periodo 2026-2030. El primero es el fiscal: el nivel de deuda pública consume una porción muy importante del presupuesto anual, según cita del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF). El segundo es la salud, cuyo sistema requiere medidas de estabilización financiera de corto plazo que den oxígeno para reformas más profundas. El tercero es el minero energético: priorizar y destrabar los proyectos estratégicos de generación y transmisión eléctrica. El cuarto es llevar a cabo una limpieza regulatoria transversal que libere potencial productivo.


Los cuatro tocan a las pymes. El déficit fiscal presiona las tasas de interés, la crisis de la salud afecta a los trabajadores y a los prestadores pequeños, y la energía es un costo directo para cualquier panadería, lavandería o planta de alimentos. La limpieza regulatoria es quizá la que más rápido podría sentirse en el día a día de un negocio.


Lo que pide para el desarrollo empresarial

En el capítulo empresarial, las prioridades para 2026-2030 son tres: crear una agenda nacional de extensionismo y evaluación empresarial, es decir, programas que lleven asesoría técnica directa a las empresas para mejorar sus procesos; reactivar el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación (SNCI) desde la Presidencia, y reglamentar la Ley 2254 de 2022.


El informe muestra que hay herramientas que funcionan. Cita la implementación de 157 iniciativas clúster en 28 departamentos, con más de 400.000 empresas y una supervivencia a cinco años de 71,5%, según Confecámaras. Para una pyme, sumarse a un clúster de su sector puede ser una vía práctica para acceder a compradores, proveedores y asistencia técnica. Si quiere ver cómo evaluar este tipo de programas, puede consultar nuestra nota sobre cómo medir el impacto de los programas de apoyo empresarial.


En su capítulo de mercado laboral, el informe propone avanzar hacia esquemas de cotización proporcional, corregir la desnaturalización del contrato de aprendizaje y establecer definiciones claras para el trabajo en plataformas digitales. Son temas sensibles para las pymes, que ya enfrentan costos laborales altos, como explicamos en la nota sobre los costos no salariales y el salario mínimo según Fedesarrollo.


Cómo puede usar una pyme este diagnóstico

El informe no es solo un documento para el Gobierno. Una distribuidora de repuestos en Bucaramanga o una agencia de turismo en Santa Marta pueden usarlo para revisar dónde están perdiendo productividad y qué apoyos existen.


  • Compare la productividad de su negocio con la de su sector: ventas por trabajador y por metro cuadrado son un buen punto de partida.

  • Pregunte en su cámara de comercio si existe una iniciativa clúster para su actividad.

  • Revise qué trámites hace todavía en papel y si ya existen en versión digital.

  • Si tiene trabajadores o proveedores informales, explore las rutas graduales de formalización.

  • Siga las propuestas de simplificación normativa que se discutan en el Congreso, porque pueden eliminar costos de cumplimiento.


Para un panorama más amplio sobre la situación de las empresas pequeñas, consulte nuestra guía sobre las pymes en Colombia y la nota sobre la ley contra la permisología.


Veinte años después, la tarea pendiente

La primera de las dos separatas del informe, titulada "¿Que 20 años no es nada?", es la reflexión de la organización por su aniversario y examina tres palancas detrás de los avances del país: las instituciones, la capacidad técnica del Estado y la coordinación público-privada. Aun con esos avances, como resume la presentación, la principal deuda sigue siendo la productividad. Para las micro y pequeñas empresas, que son casi todo el tejido empresarial, la mejor noticia sería que la próxima década traiga menos normas, trámites más simples y apoyo técnico real para producir más con lo mismo.


Fuente principal: Colombia Compite, "Informe Nacional de Competitividad 2026-2027", presentado el 30 de septiembre de 2026. Información complementaria: Colombia Compite, página del evento de lanzamiento del Informe Nacional de Competitividad 2026-2027.


Preguntas frecuentes sobre el Informe Nacional de Competitividad 2026-2027

¿Qué es el Informe Nacional de Competitividad?

Es un análisis anual de Colombia Compite, antes Consejo Privado de Competitividad, que evalúa el desempeño del país en áreas como economía, educación, energía, mercado laboral y eficiencia del Estado.


¿Cuándo se presentó el informe 2026-2027?

Se presentó el miércoles 30 de septiembre de 2026 en Bogotá, según la página oficial del evento de lanzamiento de Colombia Compite.


¿Quién preside Colombia Compite?

Ana Fernanda Maiguashca, quien firma la presentación del informe como presidenta de la organización.


¿Cuánto produce una microempresa frente a una grande?

Según el informe, la productividad de una microempresa equivale al 16% de la de una gran empresa. En las pequeñas es el 43% y en las medianas el 51%, con base en un estudio de la OCDE y otras entidades de 2019.


¿Cuántas empresas formales hay en Colombia?

El informe registra 1,8 millones de empresas formales activas en 2025, de las cuales el 91,8% son microempresas y el 0,4% son grandes.


¿Qué tan alta es la informalidad?

Cerca del 60% de las unidades productivas operan fuera de la formalidad y la informalidad laboral afecta a alrededor del 55% de los ocupados. En zonas rurales supera el 83%.


¿Cuántas normas se expidieron en 2023?

Se emitieron 8.672 normas entre circulares, decretos, leyes y resoluciones, lo que equivale a 23,7 cada día.


¿Cuáles son los cuatro desafíos urgentes que plantea el informe?

El fiscal, la estabilización financiera de la salud, destrabar los proyectos de generación y transmisión eléctrica, y una limpieza regulatoria transversal.


¿Qué es la Escalera de la Formalidad?

Es el esquema de formalización gradual previsto en la Ley 2254 de 2022. El informe recomienda reglamentarla e implementarla en el periodo 2026-2030.


¿Qué es el extensionismo empresarial?

Son programas que llevan asesoría técnica directa a las empresas para mejorar sus procesos y su productividad. El informe propone crear una agenda nacional en esa materia.


¿Qué puede hacer una pyme con este informe?

Usarlo para comparar su productividad con la de su sector, buscar iniciativas clúster en su cámara de comercio y seguir las propuestas de simplificación normativa que reduzcan sus costos de cumplimiento.

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