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Dueña de un almacén en Montevideo revisa facturas electrónicas en un portátil junto a su contador

Uruguay: la DGI revela qué vigilará en las pequeñas empresas en su primer plan de cumplimiento tributario

hace 6 horas
9 min de lectura

La Dirección General Impositiva (DGI) de Uruguay presentó su Plan de Gestión del Cumplimiento Tributario 2026-2027: vigilará la omisión de ventas y el abuso de regímenes simplificados, y ofrecerá facturación gratuita y declaraciones prellenadas a las pequeñas empresas.


La Dirección General Impositiva (DGI) de Uruguay, la autoridad que administra los impuestos nacionales de ese país, presentó el 16 de octubre de 2026 su primer Plan de Gestión del Cumplimiento Tributario (PGCT) 2026-2027, aprobado por la Resolución 2358/2026. El documento dice, segmento por segmento, qué riesgos vigilará y con qué herramientas, y dedica capítulos específicos a las empresas de menor porte y a los contribuyentes de reducida dimensión económica. Para una pyme, uruguaya o colombiana, es una ventana poco común a la forma en que una administración tributaria decide a quién acompañar, a quién controlar y con qué datos.


Según el comunicado de la DGI sobre su primer plan de cumplimiento tributario, el plan es una hoja de ruta hacia una administración tributaria moderna, transparente y basada en riesgos. Rige para el bienio 2026-2027 y la entidad prevé publicar durante 2027 un nuevo plan para el bienio siguiente. Se enmarca en el Plan Estratégico de Gestión 2025-2029 y en el Modelo de Gestión del Cumplimiento Tributario (MGCT) de la institución.


Un plan que cambia el foco: prevenir antes que sancionar

El resumen ejecutivo del documento describe una gestión con un enfoque preventivo, basado en conocimiento y apoyado en analítica de datos. La DGI parte de una idea que cualquier empresario agradece: el cumplimiento oportuno es, en palabras del plan, la alternativa menos costosa para la sociedad.


Por eso combina dos tipos de acciones. De un lado, facilitación, asistencia e inducción al cumplimiento: declaraciones prellenadas, alertas, comunicaciones personalizadas y acompañamiento a empresas nuevas. Del otro, controles proporcionales al riesgo, que van desde la fiscalización electrónica masiva hasta la persecución penal en los casos de fraude. La actuación se organiza en un ciclo de identificación, análisis, priorización, tratamiento y evaluación de riesgos.


El anuncio agrega que el objetivo es orientar los recursos hacia los sectores de mayor impacto fiscal, reducir costos para los contribuyentes, fortalecer la confianza y asegurar una aplicación imparcial de la norma. La gobernanza del plan recae en un Comité Estratégico presidido por el Director General de Rentas, según el documento.


Quién aporta la recaudación: el padrón dividido en macrosegmentos

Uno de los aportes más interesantes del documento completo del Plan de Gestión del Cumplimiento Tributario 2026-2027 es la radiografía del padrón de contribuyentes. La DGI lo divide en macrosegmentos y muestra cuánto pesa cada uno en número y en recaudación como contribuyente.


Las entidades de alta relevancia fiscal son cerca de 4.000, apenas 0,25% del padrón, pero aportan 48,21% de la recaudación como contribuyentes. Las entidades de mediano porte suman unas 7.000 (0,44% del padrón) y aportan 15,15%. Las personas físicas, alrededor de 1.250.000 contribuyentes, son 78,96% del padrón y aportan 24,75%.


En el terreno de las pymes, las entidades de menor porte son unas 172.000, equivalentes a 10,87% del padrón, y aportan 8,69% de la recaudación como contribuyentes. Los contribuyentes de reducida dimensión económica son cerca de 123.000, 7,77% del padrón, y aportan 0,70%. La lectura es directa: las pequeñas empresas son muchas y aportan una porción menor del recaudo, por lo que la estrategia para ellas no puede ser la misma que para las grandes.


Lo que la DGI vigilará en las empresas de menor porte

Para las entidades de menor porte, el plan identifica dos riesgos prioritarios. El primero es la omisión de ventas directas al consumo, es decir, ventas al consumidor final que no se registran y que afectan el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE), el impuesto que grava las utilidades de las empresas en Uruguay.


El segundo es la permanencia indebida en regímenes simplificados. El documento describe el caso de empresas que reducen artificialmente el tamaño declarado de sus operaciones para no superar los umbrales que les permiten seguir en un régimen de tributación más sencillo.


La respuesta combina facilitación y control. En facilitación, la DGI ofrecerá propuestas de declaración prellenadas con componente de riesgo, elaboradas a partir de datos de terceros y de los Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFE), que son las facturas y otros documentos electrónicos que las empresas emiten. También inducirá la corrección voluntaria con comunicaciones personalizadas y alertas en los portales institucionales.


En control, monitoreará los umbrales de permanencia para identificar entidades cuya dimensión real supera los parámetros de su categoría, y aplicará fiscalización electrónica masiva con tratamientos correctivos automatizados basados en reglas de negocio. En la práctica, un minimercado, una ferretería o un restaurante que declara mucho menos de lo que factura su punto de venta puede recibir primero una alerta y, si no corrige, un control automatizado.


Facturación gratuita y gradualidad para los más pequeños

Los contribuyentes de reducida dimensión económica tienen un tratamiento distinto. Los riesgos priorizados son la informalidad, el incumplimiento por errores derivados de falta de formación, los problemas de liquidez y la economía digital, en particular la venta de bienes en plataformas usando la cédula de identidad de personas físicas cuando los volúmenes ya equivalen a una actividad empresarial.


Aquí el eje es el acompañamiento. El plan prevé un Sistema Integrado de Gestión gratuito, a cargo de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) en coordinación con la DGI, que incluye facturación electrónica, herramientas digitales para la administración contable básica y cobranza y pagos electrónicos. También contempla guías de inducción y comunicaciones de bienvenida para empresas nuevas, comunicación omnicanal y alertas tempranas sobre vencimientos e inconsistencias leves.


La DGI colabora además con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para profundizar la gradualidad en la tributación de las pequeñas empresas, en el marco del Proyecto de Ley de competitividad y reducción del costo de vida. Para la economía digital, el plan propone designar a plataformas de pago e intermediación como responsables de las obligaciones de terceros, con retención integrada en el cobro, y hacer despliegues territoriales para regularizar actividades no inscritas. Para las empresas de mayor porte que atomizan artificialmente sus operaciones para eludir umbrales, el plan prevé otros tratamientos.


El documento menciona también el Monotributo, el régimen simplificado que en Uruguay recauda el Banco de Previsión Social (BPS), y advierte sobre quienes usan una falsa categoría de pequeña empresa o monotributista para eludir registros.


Mano dura con las facturas falsas

El plan es especialmente severo con los esquemas de facturas falsas, un riesgo que también toca a pymes honestas que reciben comprobantes de proveedores dudosos. La DGI aplicará matrices analíticas de alta frecuencia sobre el Registro Único Tributario (RUT) para revisar la emisión inicial de CFE, y cuando detecte emisores ficticios procederá a su inhabilitación pública como emisores electrónicos, con revocación de sus certificados digitales.


Además, prevé reglas automatizadas para restringir de manera preventiva la deducción de costos y gastos en el IRAE y el uso de créditos de IVA originados en comprobantes de estructuras ilícitas. Para organizadores y usuarios de facturas falsas habrá persecución penal, y la multa por defraudación puede alcanzar hasta quince veces el impuesto defraudado.


Para una empresa de construcción o una comercializadora que compra a muchos proveedores, esto significa que un descuido en la verificación de quién emite la factura puede traducirse en costos no deducibles y en créditos de IVA bloqueados.


La meta: más recaudación por eficiencia hacia 2029

La meta institucional que fija el documento es un incremento de recaudación por eficiencia de 0,75% del producto interno bruto (PIB) hacia 2029. Es decir, la DGI apuesta a que una mejor gestión, apoyada en datos, automatización y controles focalizados, cierre brechas de cumplimiento. La Resolución 2358/2026, que aprueba el plan, le da carácter formal a esa hoja de ruta, y el texto del plan publicado por la DGI detalla las estrategias por macrosegmento y la gestión de los esquemas de fraude.


El plan llega en un momento en que la DGI ya muestra en terreno ese enfoque. En semanas recientes, la entidad ha desplegado fiscalizaciones a comercios que subdeclaran ventas en todo Uruguay y ha enviado avisos a empresas nuevas con errores en el IVA para que corrijan antes de una multa. El plan explica la lógica detrás de esas acciones.


Qué pueden aprender las pymes colombianas del plan uruguayo

Colombia no está bajo las reglas de la DGI, pero la dirección es parecida: la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) también trabaja con facturación electrónica y cruces de información, y el Régimen Simple de Tributación tiene umbrales de ingresos que definen quién puede estar en él. El documento uruguayo funciona como un anticipo de lo que una administración tributaria basada en datos busca en las pequeñas empresas.


Una tienda de ropa en Bucaramanga que vende por redes sociales y plataformas, un taller que factura a nombre de un familiar para no superar un tope o un restaurante que no registra parte de las ventas en efectivo enfrentan el mismo tipo de riesgo que describe la DGI. La diferencia la hace quien se adelanta y ordena sus cuentas antes de que llegue la alerta. Para quienes estudian el tema de fondo, la propuesta de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe sobre monotributos e inclusión laboral muestra por qué los regímenes simplificados son clave para la formalización en la región.


Antes de cerrar el año, una pyme puede revisar estos puntos:


  • ¿Las ventas que registro en la declaración coinciden con lo que facturo y con lo que recibo por pagos electrónicos y plataformas?

  • ¿Mis ingresos reales siguen dentro del umbral del régimen simplificado en el que estoy inscrito?

  • ¿Verifiqué que mis proveedores principales existen, están activos y emiten facturas válidas?

  • ¿Estoy vendiendo en plataformas a nombre de una persona natural con volúmenes que ya son de empresa?

  • ¿Uso las herramientas gratuitas de facturación y las alertas que ofrece la autoridad tributaria?


Cumplir a tiempo como estrategia de negocio

El mensaje de la DGI es que cumplir a tiempo cuesta menos que corregir tarde, y que la autoridad tributaria ya tiene datos suficientes para detectar inconsistencias de forma automática. Para una pequeña empresa, eso convierte el orden contable en una decisión estratégica: declarar lo que realmente vende, revisar sus umbrales y elegir bien a sus proveedores reduce el riesgo de multas y le permite aprovechar los apoyos de facilitación que la propia autoridad ofrece.


Fuente principal: Dirección General Impositiva (DGI) de Uruguay, "Plan de Gestión del Cumplimiento Tributario 2026-2027", publicado el 16 de octubre de 2026. Información complementaria: DGI, comunicado "DGI presenta su primer Plan de Gestión del Cumplimiento Tributario" y Resolución N.° 2358/2026, de la misma fecha.


Preguntas frecuentes sobre el plan de cumplimiento tributario de la DGI de Uruguay

¿Qué es el Plan de Gestión del Cumplimiento Tributario de la DGI?

Es la hoja de ruta de la Dirección General Impositiva de Uruguay para 2026-2027, aprobada por la Resolución 2358/2026. Define riesgos y tratamientos por segmento de contribuyentes con un enfoque preventivo y basado en datos.


¿Cuándo presentó la DGI el plan?

La DGI lo presentó el 16 de octubre de 2026. Es el primer plan de este tipo de la institución y rige para el bienio 2026-2027.


¿Cuántas empresas de menor porte hay en el padrón uruguayo?

Según el plan, son unas 172.000 entidades, equivalentes a 10,87% del padrón, y aportan 8,69% de la recaudación como contribuyentes.


¿Qué riesgos vigilará la DGI en las pequeñas empresas?

En las empresas de menor porte, la omisión de ventas al consumidor final y la permanencia indebida en regímenes simplificados. En las de reducida dimensión, la informalidad, los errores por falta de formación, la liquidez y la venta en plataformas con cédulas de personas.


¿Qué es la permanencia indebida en un régimen simplificado?

Es el caso de una empresa que declara operaciones menores a las reales para no superar los umbrales que le permiten seguir en un régimen tributario más sencillo. La DGI monitoreará esos umbrales.


¿Qué apoyo recibirán las micro y pequeñas empresas?

El plan prevé un sistema de gestión gratuito de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), coordinado con la DGI, con facturación electrónica, administración contable básica y cobros electrónicos, además de guías y alertas tempranas.


¿Qué son los CFE?

Son los Comprobantes Fiscales Electrónicos, las facturas y otros documentos electrónicos que emiten las empresas en Uruguay. La DGI los usa para elaborar declaraciones prellenadas y detectar riesgos.


¿Cuál es la multa por usar facturas falsas?

Según el plan, la multa por defraudación puede alcanzar hasta quince veces el impuesto defraudado, además de la persecución penal de organizadores y usuarios.


¿Qué meta de recaudación fija el plan?

La DGI busca un incremento de recaudación por eficiencia de 0,75% del PIB hacia 2029, apoyado en una gestión más eficiente del cumplimiento.


¿Qué pasará con las ventas por plataformas digitales?

El plan propone designar a plataformas de pago e intermediación como responsables de obligaciones de terceros, con retención integrada en el cobro, y vigilar ventas empresariales hechas con cédulas personales.


¿Por qué le interesa este plan a una pyme colombiana?

Porque muestra cómo una administración tributaria usa facturación electrónica y analítica de datos para detectar subdeclaración y abuso de regímenes simplificados, un enfoque al que también apunta la DIAN.


¿Habrá un nuevo plan después de 2027?

Sí. La DGI prevé publicar durante 2027 un nuevo plan de gestión del cumplimiento para el bienio siguiente.

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