Empresas fachada tramitaron créditos sin consentimiento: 174 casos y pérdidas de más de $675 millones

En una audiencia de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, víctimas expusieron créditos digitales tramitados a su nombre por 13 empresas fachada creadas en 2025. Se propuso reforzar la verificación de identidad y suspender los cobros mientras se investiga.

Víctimas de empresas fachada denunciaron ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes que se tramitaron créditos a su nombre sin su consentimiento. En la audiencia pública, cuya reseña oficial publicó la Cámara el 14 de noviembre de 2026, se documentaron 174 casos asociados a 13 empresas constituidas en 2025, con pérdidas de más de 675 millones de pesos y créditos de entre 500.000 pesos y casi 50 millones otorgados por entidades de la banca formal. El caso interesa a las pymes por dos razones: muestra cómo se usan empresas legalmente constituidas para defraudar, y deja preguntas sobre la verificación de identidad en los créditos digitales que también usan los pequeños negocios.

Qué se expuso en la audiencia de la Comisión Primera

La Comisión Primera Constitucional, que en la Cámara se ocupa de temas como los derechos fundamentales y la justicia, realizó una audiencia pública sobre fraudes financieros cometidos a través de empresas fachada. Según la Cámara, estas empresas atraen a personas mayores con falsas promesas y, a partir de esa relación, tramitan créditos a nombre de ellas.

La sesión fue convocada y presidida por el representante José Jaime Uscátegui Pastrana, elegido por Bogotá y miembro del Centro Democrático. Participaron la Fiscalía General de la Nación, la Superintendencia Financiera de Colombia, la Policía Nacional y la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), además de víctimas y un periodista que había investigado el caso.

Las cifras del fraude: 174 casos y 13 empresas

Los datos presentados en la audiencia, según la nota de la Oficina de Información y Prensa de la Cámara, son los siguientes: 174 casos asociados a 13 empresas constituidas en 2025; al menos 38 de esos casos con número de noticia criminal completo; pérdidas documentadas superiores a 675 millones de pesos, y créditos que van desde 500.000 pesos hasta casi 50 millones.

El periodista que participó estimó que existirían al menos 30 empresas con el mismo esquema y miles de personas afectadas. Esa cifra es una estimación presentada en la audiencia y no un dato consolidado por las autoridades, pero da una idea de que los casos documentados podrían ser solo una parte del problema.

Que las empresas hayan sido constituidas en 2025 indica que el esquema es reciente y que sus responsables se valieron de figuras societarias formales para dar apariencia de legitimidad a su operación.

Cómo operan las empresas fachada

La Cámara describe varias modalidades. La primera es el contacto inicial mediante encuestas en lugares concurridos, que sirven para obtener datos personales y generar confianza. La segunda son las citas en oficinas, donde se refuerza la apariencia de una empresa seria.

A partir de ahí, se describen la manipulación del celular de la víctima, la tramitación de créditos digitales validados con reconocimiento facial y la firma de contratos por servicios inexistentes. Es decir, la persona cree estar participando en un trámite inofensivo, mientras en su propio teléfono se completa una solicitud de crédito con su rostro como prueba de identidad.

Los afectados señalaron que los desembolsos se hicieron en minutos, que las entidades financieras les exigen el pago de créditos que no pidieron y que las denuncias presentadas ante la Fiscalía, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y la Superfinanciera no han tenido una respuesta efectiva.

Las propuestas: más verificación y pausa en los cobros

En la audiencia se plantearon cuatro líneas de acción, de acuerdo con la reseña de la Cámara: reforzar la verificación de identidad antes de aprobar créditos virtuales; suspender los cobros mientras avanzan las investigaciones; obtener compromisos concretos de las autoridades para frenar estas prácticas, y evaluar ajustes legislativos.

La nota también menciona el marco jurídico citado durante la sesión: el delito de estafa, del artículo 246 del Código Penal; la Ley 1273 de 2009, sobre delitos informáticos; los artículos 42 y 43 de la Ley 1480 de 2011, el Estatuto del Consumidor, sobre cláusulas abusivas, y la Ley 1328 de 2009, sobre protección al consumidor financiero.

Ninguna de estas propuestas es todavía una norma ni una instrucción de la Superfinanciera. Se trata de planteamientos hechos en un escenario de control político, que podrían derivar en proyectos de ley o en compromisos de las entidades.

Por qué el caso concierne a las pymes

Aunque las víctimas son personas naturales, en su mayoría adultos mayores, el esquema toca a las pymes desde varios ángulos. El primero es la confianza en el registro empresarial: las empresas fachada son sociedades formalmente creadas, lo que demuestra que tener una matrícula mercantil no garantiza que un negocio sea legítimo. Antes de entregar datos o firmar con un proveedor nuevo, conviene verificar su trayectoria, su domicilio y sus referencias.

El segundo ángulo es el crédito digital. Muchas pymes acceden hoy a préstamos en línea con validación biométrica, una herramienta que agiliza el acceso a financiación en un país donde, según la Superfinanciera, solo el 16,1 % de las microempresas obtiene financiación. Si el debate termina en controles más estrictos de identidad, los tiempos de aprobación de algunos créditos virtuales podrían cambiar, también para los negocios.

El tercer ángulo es el riesgo directo: el dueño de un negocio, un empleado o un familiar puede ser blanco de este tipo de engaño, y un crédito no reconocido termina afectando su historial y su capacidad de endeudarse para el negocio. Una encuesta de Mastercard reseñada por PYME NOTICIAS ya mostraba que el miedo al fraude frena el crecimiento digital de las pymes.

Ejemplos de negocios expuestos al esquema

Una tienda de barrio o una droguería con clientela de adultos mayores es un punto natural de contacto: sus dueños pueden alertar a los clientes cuando vean encuestadores o promotores ofreciendo beneficios a cambio de datos y del uso del celular. Esa cercanía es una forma de protección que ningún sistema bancario reemplaza.

Una cooperativa, un fondo de empleados o una pequeña empresa de libranzas que otorga créditos con validación digital enfrenta el riesgo contrario: aprobar un préstamo a alguien que no lo pidió. Revisar sus procesos de verificación, más allá del reconocimiento facial, y atender con rapidez las reclamaciones reduce pérdidas y conflictos.

Un almacén de electrodomésticos o de motos que vende a crédito con aprobación inmediata en el punto de venta también debe estar atento. Si un tercero acompaña al supuesto comprador, maneja su teléfono o responde por él, es una señal para detener la operación y confirmar la voluntad del titular.

Qué puede hacer su negocio frente a este riesgo

Estas medidas, basadas en las modalidades descritas en la audiencia, ayudan a reducir la exposición del negocio y de su equipo:

• No entregue el celular a terceros para completar encuestas, registros o trámites, y pida lo mismo a sus empleados.

• Verifique a cualquier empresa nueva antes de firmar contratos o entregar datos personales y del negocio.

• Revise periódicamente su reporte en las centrales de información crediticia para detectar créditos que no reconoce.

• Si ofrece crédito, no base la aprobación solo en el reconocimiento facial y confirme la solicitud por un canal independiente.

• Ante un crédito no solicitado, denuncie ante la Fiscalía y presente la reclamación a la entidad financiera y a la Superfinanciera.

Las autoridades de protección al consumidor también tienen canales para reclamaciones; la SIC informó que su plataforma SIC Facilita superó 440.000 reclamaciones, lo que muestra que la vía administrativa es usada con frecuencia por los consumidores.

Lo que viene tras la audiencia

La audiencia no produjo una decisión vinculante, pero dejó sobre la mesa la posibilidad de ajustes legislativos y de compromisos de la Fiscalía, la Superfinanciera, la Policía y la banca. El seguimiento a lo que respondan estas entidades, en particular sobre la suspensión de cobros y los estándares de verificación de identidad, será clave para las víctimas y para quienes otorgan crédito digital.

Para las pymes, el mensaje práctico es doble: proteger a su equipo y a sus clientes frente a engaños que empiezan con una encuesta o una cita, y, si su negocio presta o vende a crédito, revisar desde ya que la validación de identidad no dependa de un solo filtro.

Fuente principal: Cámara de Representantes, "Víctimas de empresas fachada expusieron en la Cámara créditos tramitados sin su consentimiento", publicado el 14 de noviembre de 2026 por la Oficina de Información y Prensa.

Preguntas frecuentes sobre el fraude de empresas fachada con créditos digitales

¿Qué son las empresas fachada denunciadas en la Cámara?

Son empresas constituidas formalmente que, según la audiencia de la Comisión Primera, atraen a personas mayores con falsas promesas y tramitan créditos a su nombre sin su consentimiento.

¿Cuántos casos se documentaron?

Se presentaron 174 casos asociados a 13 empresas constituidas en 2025, de los cuales al menos 38 tienen número de noticia criminal completo.

¿Cuánto dinero se perdió?

Las pérdidas documentadas superan los 675 millones de pesos, con créditos que van desde 500.000 pesos hasta casi 50 millones.

¿Cuándo fue la audiencia?

La Cámara de Representantes publicó la reseña de la audiencia pública de la Comisión Primera el 14 de noviembre de 2026.

¿Quién convocó la audiencia?

El representante José Jaime Uscátegui Pastrana, de Bogotá y del Centro Democrático, quien también la presidió.

¿Qué entidades participaron?

La Fiscalía General de la Nación, la Superintendencia Financiera, la Policía Nacional y Asobancaria, además de víctimas y un periodista.

¿Cómo operan estas empresas?

Usan encuestas en lugares concurridos, citas en oficinas, manipulación del celular de la víctima, créditos digitales validados con reconocimiento facial y contratos por servicios inexistentes.

¿Qué se propuso para frenar el fraude?

Reforzar la verificación de identidad antes de aprobar créditos virtuales, suspender los cobros mientras avanzan las investigaciones, obtener compromisos de las autoridades y evaluar ajustes legislativos.

¿Por qué le importa este caso a una pyme?

Porque muestra que una empresa formalmente registrada puede ser fachada, porque podría cambiar los controles del crédito digital y porque dueños, empleados o clientes pueden ser víctimas.

¿Qué hacer si aparece un crédito que no pedí?

Denunciar ante la Fiscalía, presentar la reclamación a la entidad financiera y acudir a la Superintendencia Financiera como autoridad de protección al consumidor financiero.

¿Qué deben revisar los negocios que otorgan crédito?

No basar la aprobación solo en el reconocimiento facial, confirmar la solicitud por un canal independiente y atender con rapidez las reclamaciones de titulares que no reconocen el crédito.