Perú: un proyecto de ley impediría contratar con el Estado a empresas con deudas tributarias en cobranza coactiva

La Cámara de Comercio de Lima pidió archivar el Proyecto de Ley 00759-2026-2031-CD, que vetaría como proveedores del Estado a empresas con deudas tributarias o aduaneras de más de S/ 27.500 en cobranza coactiva, y advirtió que las mype serían las más afectadas.

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) rechazó el 11 de noviembre de 2026 el Proyecto de Ley N.° 00759-2026-2031-CD, presentado por cinco diputados de Ahora Nación, que impediría contratar con el Estado peruano a empresas y personas con deudas tributarias o aduaneras superiores a cinco Unidades Impositivas Tributarias (UIT), es decir, S/ 27.500, que estén en cobranza coactiva. Se trata de una propuesta, no de una ley vigente. Para las micro y pequeñas empresas (mype) que venden al Estado importa porque, según la CCL, podrían quedar fuera de las compras públicas incluso cuando su deuda está en discusión judicial o cuando el propio Estado les debe pagos atrasados.

Qué propone el proyecto de ley 00759 de Ahora Nación

De acuerdo con la publicación de la CCL "Ahora Nación quiere cobrar impuestos prohibiendo a las empresas contratar con el Estado", la iniciativa establece un nuevo impedimento para ser proveedor del Estado: tener deudas tributarias o aduaneras por encima de cinco UIT que se encuentren en etapa de cobranza coactiva.

La UIT es el valor de referencia que se usa en Perú para fijar impuestos, multas y umbrales tributarios. Según la CCL, cinco UIT equivalen a S/ 27.500, el monto a partir del cual se aplicaría la prohibición.

La cobranza coactiva es la etapa en la que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) puede exigir el pago de una deuda mediante medidas forzosas, como los embargos y las retenciones que menciona la CCL. Lo que el proyecto añadiría es una consecuencia adicional: perder el acceso a los contratos públicos mientras la deuda esté en esa etapa.

Quiénes firman la iniciativa y qué pide la Cámara de Comercio de Lima

Según la CCL, el proyecto fue presentado por cinco diputados de la bancada de Ahora Nación: César Augusto Muedas Balbiese, Ángel Renato Meneses Crispín, Harvey Julio Colchado Huamaní, Freshman Buitrón Martínez y Bernardino Jair Manrique Olivera.

La CCL pide a la Cámara de Diputados archivar la iniciativa. Es importante subrayarlo: el texto es un proyecto de ley presentado ante el Congreso y no ha sido aprobado. La publicación del gremio no informa en qué comisión se encuentra ni si tiene fecha de debate, por lo que cualquier efecto práctico dependería de que avance en el trámite legislativo.

El gremio también cuestiona la sustentación del proyecto. Según la CCL, la exposición de motivos no incluye estadísticas oficiales sobre cuántas empresas se verían afectadas ni sustenta suficientemente por qué la prohibición sería preferible frente a alternativas menos restrictivas.

Por qué la CCL habla de un doble castigo

El primer argumento de la CCL es que la medida castigaría dos veces al contribuyente. La SUNAT ya cuenta con herramientas para cobrar las deudas en cobranza coactiva, como los embargos y las retenciones. Si además se impide a la empresa contratar con el Estado, se le corta una de sus fuentes de ingresos, justamente la que podría usar para pagar sus impuestos.

La lógica del gremio es sencilla: una empresa que no vende no puede pagar. Para un pequeño proveedor que factura buena parte de sus ingresos al sector público, quedar fuera de las licitaciones podría convertir una deuda manejable en un problema de liquidez mucho mayor.

La CCL resume su posición con una frase: "No se puede legislar a ciegas ni promover la formalización cerrándoles las puertas del mercado".

Las mype proveedoras del Estado, las más expuestas

Según la CCL, las mype serían las más afectadas por el proyecto. El gremio recuerda que muchas de ellas ya sufren retrasos en los pagos del propio Estado. Para un negocio pequeño, esos retrasos pueden traducirse en problemas de caja que a su vez dificultan pagar a tiempo los impuestos.

Piense en tres casos concretos. Una pequeña empresa de mantenimiento que presta servicios a municipalidades y espera el pago de facturas de meses anteriores. Una mype de confecciones que fabrica uniformes para instituciones públicas y financia su producción con capital propio. O un proveedor de alimentos para programas sociales que depende de los desembolsos públicos para pagar a sus propios proveedores. Si cualquiera de ellas acumula una deuda superior a S/ 27.500 en cobranza coactiva, con el proyecto quedaría impedida de seguir vendiendo al Estado, aun cuando parte del atraso venga de pagos que el Estado no le ha hecho.

Las dificultades de las pymes para sostenerse como proveedoras públicas no son exclusivas del Perú. En Chile, por ejemplo, 55.470 pymes inscritas en Mercado Público no tuvieron actividad entre enero y septiembre, según ChileCompra.

Deudas en litigio: el riesgo de quedar fuera mientras se discute

Otro de los puntos que plantea la CCL es que una deuda puede seguir en cobranza coactiva mientras el contribuyente la discute judicialmente. Es decir, una empresa que considera que la SUNAT le cobra un monto que no corresponde, y que está litigando para demostrarlo, podría quedar igualmente impedida de contratar con el Estado.

Para una mype, este escenario es especialmente delicado. Los procesos judiciales pueden tardar, y durante ese tiempo la empresa perdería la posibilidad de participar en procesos de contratación pública. Si al final el juez le da la razón, el daño comercial ya estaría hecho.

El caso se suma a otro problema documentado para las pequeñas empresas en el Perú: el peso de los trámites. Como informó PYME NOTICIAS, según ComexPerú abrir una mype en el Perú toma 3.853 horas, 135 % más que el promedio de 27 economías.

Menos competencia en las compras públicas, según el gremio

La CCL advierte además sobre un efecto en el propio Estado. Si se excluye a proveedores por tener deudas en cobranza coactiva, habrá menos empresas compitiendo en los procesos de contratación pública. Con menos competencia, sostiene el gremio, las compras públicas podrían encarecerse.

El argumento apunta a que la medida no solo afectaría a las empresas excluidas, sino también al uso de los recursos públicos. Para entidades que compran bienes y servicios básicos, como alimentos, mantenimiento, útiles o uniformes, contar con menos ofertas puede traducirse en precios más altos.

"El Perú necesita más empresas trabajando, compitiendo y generando empleo", señala la CCL en su pronunciamiento.

Las alternativas que propone la CCL: fraccionamiento y compensación

En lugar de la prohibición, el gremio propone dos caminos. El primero es promover facilidades de fraccionamiento, es decir, que las empresas puedan dividir sus deudas tributarias en cuotas para ponerse al día sin asfixiar su caja.

El segundo es crear mecanismos para que los pagos pendientes del Estado a sus proveedores se apliquen a la regularización tributaria. En la práctica, esto significaría que si una entidad pública le debe dinero a una empresa y esa empresa le debe a la SUNAT, las dos cuentas podrían cruzarse.

Ambas propuestas buscan el mismo objetivo que el proyecto, que el Estado cobre, pero sin cerrar el mercado público a las empresas. No es la primera vez que la CCL se pronuncia sobre la política fiscal: hace pocos días, el gremio pidió que el mayor déficit fiscal de 2027 por El Niño sea temporal.

Qué pueden aprender las pymes colombianas que venden al Estado

Aunque el proyecto es peruano y no ha sido aprobado, el debate deja lecciones para cualquier pyme de la región que tenga al Estado como cliente. La primera es que la situación tributaria de una empresa puede afectar su acceso a los contratos públicos, por lo que conviene mantenerla bajo control antes de que una deuda llegue a la etapa de cobro forzoso.

La segunda es que depender de un comprador que paga con retraso, como ocurre con frecuencia en el sector público, exige una gestión de caja más cuidadosa. Este es un chequeo práctico para cualquier proveedor del Estado:

• Revise periódicamente su estado de cuenta ante la autoridad tributaria y detecte deudas antes de que pasen a cobro coactivo.

• Evalúe acuerdos de pago o fraccionamiento tan pronto identifique que no podrá pagar a tiempo.

• Lleve un registro de las facturas pendientes de cobro con entidades públicas y sus fechas de vencimiento.

• Si discute una deuda, documente el proceso y consulte con un asesor tributario cómo afecta su situación como proveedor.

• Evite que una parte excesiva de sus ingresos dependa de un solo comprador público.

Si su empresa vende al Estado peruano, lo prudente es seguir el trámite del proyecto 00759-2026-2031-CD y revisar su situación ante la SUNAT con su contador. El texto del pronunciamiento está disponible en la publicación de la Cámara de Comercio de Lima sobre el proyecto de Ahora Nación.

Fuente principal: Cámara de Comercio de Lima, "Ahora Nación quiere cobrar impuestos prohibiendo a las empresas contratar con el Estado", publicado el 11 de noviembre de 2026.

Preguntas frecuentes sobre el proyecto de ley que vetaría a deudores tributarios como proveedores del Estado en Perú

¿Qué propone el Proyecto de Ley 00759-2026-2031-CD?

Propone impedir que contraten con el Estado peruano las empresas y personas con deudas tributarias o aduaneras superiores a cinco UIT, S/ 27.500, que estén en cobranza coactiva.

¿El proyecto ya es ley en Perú?

No, es un proyecto de ley presentado por diputados de Ahora Nación y la Cámara de Comercio de Lima pidió archivarlo.

¿Quiénes presentaron el proyecto?

Lo presentaron cinco diputados de Ahora Nación: César Augusto Muedas Balbiese, Ángel Renato Meneses Crispín, Harvey Julio Colchado Huamaní, Freshman Buitrón Martínez y Bernardino Jair Manrique Olivera.

¿A partir de qué monto de deuda se aplicaría la prohibición?

A partir de deudas tributarias o aduaneras superiores a cinco UIT, que según la CCL equivalen a S/ 27.500, siempre que estén en cobranza coactiva.

¿Qué es la cobranza coactiva?

Es la etapa en la que la SUNAT puede exigir el pago de una deuda con medidas forzosas, como embargos y retenciones.

¿Por qué la CCL rechaza el proyecto?

Porque considera que castigaría doblemente al contribuyente, afectaría sobre todo a las mype, podría reducir la competencia en las compras públicas y no se sustenta en estadísticas oficiales.

¿Por qué las mype serían las más afectadas?

Según la CCL, muchas mype ya sufren retrasos en los pagos del propio Estado, lo que presiona su caja justo cuando se les exigiría estar al día.

¿Una empresa que discute su deuda en un juicio también quedaría excluida?

La CCL advierte que una deuda puede seguir en cobranza coactiva mientras se discute judicialmente, por lo que la empresa podría quedar impedida de contratar con el Estado.

¿Qué alternativas propone la Cámara de Comercio de Lima?

Propone facilidades de fraccionamiento de deudas y mecanismos para aplicar los pagos pendientes del Estado a la regularización tributaria de las empresas.

¿Qué dice la CCL sobre la exposición de motivos del proyecto?

Según la CCL, la exposición de motivos no incluye estadísticas oficiales sobre cuántas empresas se verían afectadas ni sustenta suficientemente la prohibición frente a alternativas menos restrictivas.

¿Qué debe hacer una mype que vende al Estado peruano?

Conviene seguir el trámite del proyecto, revisar su estado de cuenta ante la SUNAT y evaluar fraccionamientos antes de que una deuda llegue a cobranza coactiva.

¿Qué pueden aprender las pymes colombianas de este debate?

Que la situación tributaria puede afectar el acceso a los contratos públicos y que vender al Estado exige una gestión de caja cuidadosa por los retrasos en los pagos.