Reconstrucción tras el terremoto: 768 contratos por $201.800 millones y el 82% sin competencia

El segundo informe de Transparencia por Colombia muestra que la Alcaldía de Pereira es la entidad con más contratos y que la urgencia manifiesta concentra cerca del 74% del valor contratado de forma directa.

La contratación pública para atender el terremoto del 10 de agosto de 2026 avanza casi sin competencia. Transparencia por Colombia publicó el 14 de octubre su segundo informe de seguimiento Transparencia Reconstruye, con datos del 11 de agosto al 12 de octubre: encontró 768 contratos por cerca de $201.800 millones, y el 82% de ellos se firmó por contratación directa. La Alcaldía de Pereira es la entidad con más contratos: 137, por unos $32.200 millones. Para las constructoras pequeñas, los proveedores de materiales y los profesionales independientes de las zonas afectadas, el informe es un mapa de cómo se está gastando la plata de la emergencia y de qué tan abierta está la puerta para competir por ella.

Qué encontró Transparencia por Colombia en dos meses de contratos

Transparencia por Colombia, el capítulo nacional de Transparencia Internacional, revisó la contratación registrada en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), en sus versiones I y II, y en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC). En total identificó 768 contratos asociados a la emergencia, por unos $201.800 millones, firmados por 153 entidades con presencia en 103 municipios de 12 departamentos.

El informe recuerda la dimensión del desastre que explica ese gasto: 778.282 personas afectadas, agrupadas en 364.663 familias de 409 municipios, 19.149 viviendas destruidas y 119.748 viviendas afectadas, además de daños en comercios, hospitales, sedes de entidades públicas y vías.

También contabiliza 117 decisiones administrativas tomadas por la emergencia, 60 del orden nacional y 57 territoriales. Entre las nacionales están adiciones presupuestales, fondos especiales, uso de recursos del Sistema General de Regalías (SGR), medidas excepcionales de contratación y alivios tributarios y financieros. En los territorios predominan las declaratorias de calamidad pública y de urgencia manifiesta, la asistencia humanitaria y los subsidios de arrendamiento.

Ocho de cada diez contratos se firmaron sin competencia

El dato central del informe es el peso de la contratación directa, la modalidad en la que la entidad escoge al contratista sin un proceso abierto en el que varios oferentes compitan. Por esa vía se firmaron 630 contratos, el 82% del total, que suman el 83,5% del valor, cerca de $170.000 millones. Otros 120 contratos (15,6%) se firmaron bajo régimen especial y concentran el 12% de los recursos, unos $23.900 millones.

Dentro de la contratación directa, dos causales empatan en número: la urgencia manifiesta y la contratación de servicios profesionales, cada una con el 40% de los contratos. La diferencia está en el dinero. La urgencia manifiesta, figura que permite contratar de inmediato cuando una emergencia impide esperar un proceso ordinario, concentra cerca del 74% del valor. El informe anota que, frente al primer reporte del 14 de septiembre, la urgencia manifiesta dejó de ser la principal causal por número de contratos, aunque sigue dominando en plata.

Que se contrate de forma directa en una emergencia no es irregular por sí mismo: la ley lo permite justamente para no frenar la atención. Lo que señala Transparencia por Colombia es que, a medida que se pasa de la respuesta inmediata a la reconstrucción, la excepción no debería volverse la regla.

Pereira y las alcaldías concentran la contratación

El 97% de los contratos fue firmado por entidades territoriales. Las 89 alcaldías que aparecen en el registro concentran el 64,5% de los contratos y el 40% de los recursos, unos $80.400 millones. La Alcaldía de Pereira encabeza la lista con 137 contratos, el 18% del total, por cerca de $32.200 millones, equivalentes al 15,5% del valor rastreado.

Para los negocios del Eje Cafetero, ese dato tiene una lectura práctica: buena parte de la demanda pública de bienes y servicios ligada a la emergencia está pasando por las alcaldías, y en particular por la de Pereira. PYME NOTICIAS ya había contado que la ciudad proyecta $13,8 billones para su reconstrucción, así que lo contratado hasta ahora es apenas una fracción de lo que vendrá.

En contraste, solo 5 de los 768 contratos son del orden nacional, entre ellos el del Fondo Milagro. El informe habla de una "brecha de trazabilidad" entre esa cifra y las acciones anunciadas por el presidente De la Espriella para la reconstrucción.

En cuanto al origen de los recursos, el informe reporta 60% de recursos propios de las entidades, 20% de "otros recursos" (en especie, de privados o de cooperación, sobre todo en contratos de cámaras de comercio) y 10% del Sistema General de Participaciones (SGP), las transferencias que la Nación gira a departamentos y municipios.

La reconstrucción ya se lleva la mayor parte del dinero

Transparencia por Colombia clasificó los contratos por fase de atención. La recuperación y reconstrucción reúne el 41,9% de los contratos y el 68,6% del valor. Le siguen la atención humanitaria y respuesta inmediata (21,2% de los contratos y 16,4% del valor), la inspección y evaluación de edificaciones (16,7% y 1,6%), los servicios profesionales de apoyo (12,5% y 2,1%) y la búsqueda, rescate y remoción de escombros (4,3% y 5,9%).

La urgencia manifiesta pesa en todas las fases: suma el 91% de los recursos de atención inmediata y el 70% de los de recuperación y reconstrucción. Dicho de otra forma, $96.500 millones de los $201.800 millones rastreados, el 47,8% del total, corresponden a recuperación y reconstrucción contratada por urgencia manifiesta.

Ese es el punto que más interesa a las empresas de construcción. Las obras de reconstrucción son la etapa en la que más proveedores locales podrían participar, desde un maestro de obra con su cuadrilla hasta una ferretería que suministra cemento, varilla y tejas, y es también donde hoy más dinero se adjudica sin proceso competitivo.

Lo que significa para constructoras, ferreterías e ingenieros locales

Un informe de control ciudadano no es una convocatoria, pero sí ayuda a leer el mercado. Tres tipos de negocio deberían prestarle atención.

Las constructoras e ingenierías pequeñas de Risaralda, Caldas, Quindío y Valle del Cauca son las primeras interesadas. Si la reconstrucción migra hacia procesos competitivos, como recomienda el informe, tendrán más oportunidades de presentar ofertas, pero también necesitarán tener al día su Registro Único de Proponentes, su experiencia certificada y su capacidad financiera documentada.

Los proveedores de materiales y las ferreterías pueden vender a los contratistas de obra, aunque no contraten directamente con el Estado. Saber qué alcaldías concentran contratos les ayuda a orientar su fuerza comercial y su inventario.

Los profesionales independientes, como arquitectos, ingenieros estructurales y abogados, ya aparecen en el registro: los servicios profesionales empatan con la urgencia manifiesta en número de contratos. La fase de inspección y evaluación de edificaciones, con el 16,7% de los contratos, es un ejemplo de dónde ha habido demanda de este tipo de perfiles.

Las cámaras de comercio también figuran como contratantes, con actividad en reactivación económica, acompañamiento empresarial y fortalecimiento del tejido productivo, y en algunos casos con asistencia humanitaria como albergues para voluntarios y kits para damnificados. Para un comerciante afectado, esos programas pueden ser una vía de apoyo más directa que la contratación estatal.

El Fondo Milagro y los riesgos que advierte el informe

El informe dedica un capítulo al Fondo Milagro, creado por el Decreto 1379 del 9 de septiembre de 2026. El contrato de fiducia mercantil se firmó el 5 de octubre de 2026 entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior (Fiducóldex), que administrará y contratará con los recursos. El fondo tendrá un Consejo Directivo y una Gerencia, se rige por derecho privado y sus recursos permanecen en el Sistema de Cuenta Única Nacional.

Transparencia por Colombia identifica cuatro riesgos: opacidad contractual, falta de trazabilidad de los recursos, priorización débil de proyectos y beneficiarios, e información de baja calidad. Revisó las reglas sobre verificación en SECOP, auditoría independiente, control fiscal de la Contraloría, conflictos de interés y el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), y advierte que algunas disposiciones son ambiguas o poco desarrolladas, lo que podría favorecer un cumplimiento solo formal.

Para las empresas que esperan contratar con el fondo, el régimen privado significa que las reglas no serán las de la contratación estatal ordinaria. Por eso cobra importancia que el fondo publique sus manuales, criterios y contratistas.

Las recomendaciones que podrían abrir la puerta a más proveedores

Entre las recomendaciones del informe hay varias que tocan directamente a quienes quieren venderle a la reconstrucción. Transparencia por Colombia pide publicar los soportes de la causal, la necesidad, la idoneidad del contratista y los precios en cada contratación directa, y usar procesos competitivos cuando sea posible. También propone publicar los procesos contractuales en SECOP II y en la TVEC, según corresponda, y usar marcadores o códigos comunes que permitan identificar los contratos de la emergencia.

Para el Fondo Milagro, recomienda publicar de forma oportuna y completa la contratación, incluidos contratistas y beneficiarios finales, divulgar las actas y criterios del Consejo Directivo y aplicar una debida diligencia reforzada según el riesgo. A nivel nacional, plantea una estrategia de transparencia que centralice presupuestos, contratos, programas y avances.

Si su empresa quiere prepararse para competir por contratos de reconstrucción, este chequeo puede servir:

• ¿Está inscrita y con información actualizada en SECOP II?

• ¿Tiene vigente el Registro Único de Proponentes con la experiencia que exigen las obras de su zona?

• ¿Revisa con frecuencia los procesos de las alcaldías de su región y de las entidades que más contratan?

• ¿Puede demostrar precios de referencia y capacidad de entrega en plazos cortos?

• ¿Tiene una política básica para declarar conflictos de interés con funcionarios contratantes?

Cómo seguir la plata de la reconstrucción

Transparencia por Colombia mantiene en su página de Transparencia Reconstruye un tablero de seguimiento con dos vistas para consultar datos y contratos, además del primer informe del 14 de septiembre, un archivo con los actos administrativos de la emergencia y un documento con 25 recomendaciones. Es una herramienta útil para que un empresario vea qué entidad contrata, para qué y con quién.

El informe también menciona que la Contraloría expidió el 1 de octubre la Resolución Reglamentaria Orgánica 0075, con el plan de vigilancia de los recursos del Decreto 1261, que declaró la emergencia económica, social y ecológica. Para entender el tamaño del reto, vale la pena revisar el cálculo de ANIF según el cual reconstruir tras el terremoto costará entre $30 y $40 billones, y el diagnóstico de vías y puentes dañados en Risaralda. Con esas cifras, lo contratado hasta el 12 de octubre es apenas el comienzo de un mercado que durará años, y las empresas que se preparen desde ahora para competir con reglas claras serán las mejor ubicadas.

Fuente principal: Transparencia por Colombia, "Transparencia Reconstruye. Segundo informe de seguimiento" (periodo del 11 de agosto al 12 de octubre de 2026), publicado el 14 de octubre de 2026. Información complementaria: Transparencia por Colombia, página Transparencia Reconstruye y tablero de seguimiento.

Preguntas frecuentes sobre la contratación tras el terremoto

¿Qué es el informe Transparencia Reconstruye?

Es el seguimiento que hace Transparencia por Colombia a la contratación y las decisiones públicas para atender el terremoto del 10 de agosto de 2026. El segundo informe se publicó el 14 de octubre y cubre del 11 de agosto al 12 de octubre.

¿Cuántos contratos se han firmado por el terremoto?

El informe identificó 768 contratos en SECOP I y II por cerca de $201.800 millones, firmados por 153 entidades en 103 municipios de 12 departamentos.

¿Qué porcentaje de la contratación fue directa?

El 82% de los contratos (630) y el 83,5% del valor, cerca de $170.000 millones, se adjudicaron por contratación directa, sin un proceso abierto de competencia.

¿Qué es la urgencia manifiesta?

Es una causal que permite a las entidades contratar de forma directa e inmediata cuando una emergencia impide esperar un proceso ordinario. En este caso concentra cerca del 74% del valor contratado de forma directa.

¿Qué entidad ha firmado más contratos por la emergencia?

La Alcaldía de Pereira, con 137 contratos, el 18% del total, por unos $32.200 millones, equivalentes al 15,5% del valor rastreado.

¿En qué fase se concentra el dinero?

La recuperación y reconstrucción reúne el 41,9% de los contratos y el 68,6% del valor. Además, $96.500 millones corresponden a reconstrucción contratada por urgencia manifiesta.

¿Quién administra el Fondo Milagro?

La Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior (Fiducóldex), según el contrato de fiducia firmado el 5 de octubre de 2026 con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

¿Qué riesgos ve Transparencia por Colombia en el Fondo Milagro?

Opacidad contractual, falta de trazabilidad de los recursos, priorización débil de proyectos y beneficiarios e información de baja calidad, además de reglas ambiguas que podrían cumplirse solo en lo formal.

¿Qué recomienda el informe sobre la contratación?

Publicar los soportes de causal, necesidad, idoneidad y precios en la contratación directa, usar procesos competitivos cuando sea posible y publicar los procesos en SECOP II y en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, según corresponda.

¿Por qué le importa este informe a una pyme?

Porque muestra qué entidades están contratando la reconstrucción y que casi todo se ha adjudicado sin competencia. Si se adoptan procesos competitivos, más constructoras y proveedores locales podrán ofertar.

¿Qué puede hacer una constructora pequeña para participar?

Mantener actualizados su registro en SECOP II y su Registro Único de Proponentes, seguir los procesos de las alcaldías de su región y documentar precios y capacidad de entrega.

¿Dónde se pueden consultar los contratos de la emergencia?

En la página de Transparencia Reconstruye, que ofrece un tablero de seguimiento con datos y contratos, además de los informes del 14 de septiembre y del 14 de octubre.