Perú: la Cámara de Comercio de Lima pide archivar la cuota obligatoria de 7 % de jóvenes en las planillas

La CCL rechazó el 23 de octubre el Proyecto de Ley 433-2026-2031-CD, que fija una proporción no menor al 7 % del personal para jóvenes de hasta 29 años, y advierte que elevaría costos para las mypes sin crear empleo.

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) pidió el 23 de octubre de 2026 archivar el Proyecto de Ley N.° 433-2026-2031-CD, presentado por el diputado Gabriel Robertino Gonzales Delgado, que busca ampliar las oportunidades laborales de los jóvenes peruanos limitando la experiencia que pueden exigir las empresas y fijando una proporción obligatoria no menor al 7 % del personal vinculada a postulantes de hasta 29 años. El gremio, que comparte el objetivo de facilitar el primer empleo formal, advierte que la fórmula funcionaría como una cuota de contratación, no crearía nuevos puestos y elevaría costos e incertidumbre regulatoria, sobre todo para las micro y pequeñas empresas.

Qué propone el proyecto de ley 433-2026-2031-CD

De acuerdo con la nota publicada por La Cámara, la revista digital de la CCL, la iniciativa tiene tres componentes principales. El primero toma como base de experiencia laboral exigible un año para los postulantes técnicos y profesionales de hasta 29 años. El segundo establece que esa condición se considere obligatoriamente en una proporción no menor del 7 % de la totalidad del personal de la empresa. El tercero reconoce de forma obligatoria como experiencia laboral las actividades realizadas ad honorem, es decir, sin remuneración.

El código del proyecto incluye la sigla CD, correspondiente a la Cámara de Diputados, y el periodo legislativo 2026-2031. El objetivo declarado es reducir una barrera que muchos jóvenes conocen bien: los avisos de empleo que piden varios años de experiencia para cargos de entrada, algo difícil de acreditar para quien acaba de terminar sus estudios técnicos o universitarios.

Los argumentos de la Cámara de Comercio de Lima

La CCL parte de un acuerdo de fondo. Según el gremio, promover el empleo juvenil es una prioridad. Su discrepancia está en el método. Considera que la fórmula del 7 % es imprecisa y que en la práctica podría operar como una cuota de contratación, con lo cual se trasladaría a las empresas una obligación que corresponde principalmente al Estado.

El gremio recuerda además que la libertad de empresa incluye la facultad de decidir cuántas personas contratar, qué perfiles se necesitan y qué experiencia exige cada puesto. A su juicio, la medida no crea nuevos puestos de trabajo: solo reordena quién ocupa los existentes y añade una carga de cumplimiento.

Otro argumento es técnico. En actividades especializadas o de riesgo, limitar la experiencia exigible podría impedir que las empresas contraten perfiles acordes con las responsabilidades técnicas y de seguridad del cargo. La CCL también observa que la diferenciación por edad debe revisarse con cuidado a la luz del principio de igualdad de oportunidades.

Por qué preocupa el trabajo ad honorem

El tercer componente del proyecto también recibe objeciones de la CCL. Reconocer de manera obligatoria las actividades ad honorem como experiencia laboral podría, según el gremio, normalizar el trabajo no remunerado y generar contingencias para las empresas.

El razonamiento es el siguiente: si las labores gratuitas pasan a contar formalmente como experiencia, se crea un incentivo para ofrecer prácticas o colaboraciones sin pago, y a la vez se abre la puerta a reclamaciones posteriores sobre si esa relación era, en realidad, un vínculo laboral. Para una pyme que recibe voluntarios o estudiantes de forma informal, ese escenario puede traducirse en riesgos legales que hoy no tiene en el radar.

Cómo afectaría a las micro y pequeñas empresas

La CCL subraya que el efecto sería mayor en las micro y pequeñas empresas. La razón se entiende con números sencillos. En una compañía de 300 trabajadores, el 7 % equivale a 21 personas, una cifra que puede absorberse dentro de la rotación normal. En una pequeña empresa de 15 trabajadores, el mismo porcentaje equivale a una persona y fracción, y la forma de redondear o calcular la proporción no es un detalle menor cuando la plantilla cambia cada pocos meses.

Tres ejemplos muestran cómo cambia la lectura según el sector. Un taller metalmecánico o una empresa de instalaciones eléctricas trabaja en actividades de riesgo donde la experiencia acreditada es parte de la seguridad: limitar lo que puede exigir en un cargo técnico es justamente lo que la CCL advierte como problema. Una agencia de marketing digital o una empresa de desarrollo de software, en cambio, suele contratar jóvenes por su perfil, pero la obligación de cumplir un porcentaje fijo le restaría flexibilidad en temporadas de menor demanda. Un restaurante o un comercio con alta rotación podría cumplir la proporción con facilidad, pero tendría que llevar un registro adicional para demostrarlo ante una eventual fiscalización.

En todos los casos, el punto común es la incertidumbre: mientras no exista un reglamento claro sobre cómo se calcula el 7 % y qué cuenta como experiencia, las empresas no sabrán con precisión qué deben cumplir.

La alternativa que propone el gremio: incentivos en lugar de obligaciones

En lugar de la cuota, la CCL plantea promover incentivos a la contratación formal, las modalidades formativas, la capacitación y la reducción de barreras para crear empleo. Las modalidades formativas son esquemas en los que el joven se forma dentro de la empresa con un convenio específico, distinto de un contrato laboral ordinario, y que combinan aprendizaje práctico con una subvención.

El gremio también pide que el Congreso evalúe de manera integral las distintas iniciativas existentes sobre empleo juvenil, con un enfoque de incentivos antes que de obligaciones, y concluye que el Proyecto de Ley N.° 433-2026-2031-CD debe archivarse. La nota de la CCL del 23 de octubre no incluye cifras propias sobre desempleo o informalidad juvenil, por lo que el debate, por ahora, se centra en el diseño de la norma.

No es la primera vez que el gremio se pronuncia sobre iniciativas que afectan a las mypes. En semanas recientes, PYME NOTICIAS informó que la CCL rechazó un nuevo retiro de fondos de AFP y pidió créditos con garantía estatal para mypes, en un contexto en el que el empleo en Lima crece, pero las empresas de 11 a 50 trabajadores pierden puestos.

Qué pueden aprender las pymes colombianas del debate peruano

El caso peruano es útil para Colombia porque enfrenta dos modelos de política de empleo juvenil: las obligaciones de contratación y los incentivos. Colombia ya conoce una figura de proporción obligatoria, la cuota de aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), que exige a las empresas con 15 o más trabajadores vincular aprendices en una proporción determinada o pagar una monetización. Muchas pymes colombianas saben, por experiencia, que una cuota mal comprendida termina convertida en un costo administrativo y no siempre en una oportunidad de formar talento.

La lección práctica es doble. Por un lado, cualquier empresario colombiano que siga reformas laborales debería preguntarse siempre cómo se calcula la obligación, qué pasa con las empresas pequeñas y quién fiscaliza. Por otro, el debate muestra que los gremios tienen un papel en la discusión de los proyectos: la CCL no se limitó a oponerse, sino que propuso una alternativa concreta.

Para las empresas colombianas con filiales o planes de expansión en el Perú, el mensaje es seguir de cerca la discusión en el Congreso peruano antes de definir estructuras de personal, porque una proporción obligatoria cambiaría la forma de planear las contrataciones.

Cómo prepararse mientras el Congreso decide

El proyecto todavía es una iniciativa y no una ley vigente, por lo que ninguna empresa está obligada hoy a cumplir el 7 %. Aun así, conviene adelantar algunas tareas de bajo costo:

• Revise cuántos trabajadores de hasta 29 años tiene hoy en su planilla y qué porcentaje representan frente al total.

• Identifique qué puestos de su empresa realmente requieren experiencia previa por razones técnicas o de seguridad y deje documentada esa justificación.

• Formalice por escrito cualquier práctica, voluntariado o colaboración no remunerada para evitar contingencias futuras.

• Explore las modalidades formativas disponibles como vía para incorporar jóvenes con un costo y un marco legal conocidos.

• Siga los pronunciamientos de su gremio o cámara regional para conocer el avance del proyecto en el Congreso.

El debate sobre el empleo juvenil seguirá abierto en el Perú, y su desenlace definirá cuánto cuesta y cuán sencillo resulta contratar a un joven en una pequeña empresa. Para las mypes, la recomendación es no esperar a que la norma se apruebe para ordenar su planilla y documentar sus criterios de contratación: esa preparación sirve con o sin cuota.

Fuente principal: Cámara de Comercio de Lima, "CCL: jóvenes necesitan más empleo formal, no cuotas de contratación", publicado el 23 de octubre de 2026 en La Cámara, revista digital de la CCL.

Preguntas frecuentes sobre la cuota de 7 % de jóvenes en las planillas en Perú

¿Qué propone el Proyecto de Ley 433-2026-2031-CD?

Propone tomar un año como base de experiencia exigible a técnicos y profesionales de hasta 29 años, aplicar esa condición a no menos del 7 % del personal y reconocer como experiencia las actividades ad honorem.

¿Quién presentó el proyecto?

Lo presentó el diputado Gabriel Robertino Gonzales Delgado en la Cámara de Diputados del Perú, dentro del periodo legislativo 2026-2031.

¿Qué pidió la Cámara de Comercio de Lima?

La CCL pidió archivar el proyecto el 23 de octubre de 2026. Comparte el objetivo de impulsar el primer empleo formal, pero rechaza la fórmula de proporción obligatoria.

¿Por qué la CCL considera que es una cuota de contratación?

Porque la proporción no menor al 7 % del personal es imprecisa y, según el gremio, en la práctica obligaría a las empresas a contratar un porcentaje fijo de jóvenes, trasladándoles una responsabilidad que es principalmente del Estado.

¿El proyecto crearía nuevos empleos?

La CCL sostiene que no, porque la medida no genera nuevos puestos de trabajo y, en cambio, podría elevar costos e incertidumbre regulatoria.

¿Por qué afecta más a las micro y pequeñas empresas?

Porque en plantillas pequeñas un porcentaje fijo es difícil de calcular y cumplir, y cualquier carga administrativa adicional pesa más sobre empresas con pocos recursos.

¿Qué objeción hace la CCL sobre el trabajo ad honorem?

Considera que reconocer obligatoriamente el trabajo no remunerado como experiencia podría normalizarlo y generar contingencias legales para las empresas.

¿Qué alternativa propone la CCL?

Propone incentivos a la contratación formal, modalidades formativas, capacitación y reducción de barreras para crear empleo, además de una evaluación integral de las iniciativas sobre empleo juvenil.

¿Ya es obligatorio contratar 7 % de jóvenes en el Perú?

No. Se trata de un proyecto de ley en discusión, no de una norma vigente, y la CCL ha pedido que sea archivado.

¿Qué son las modalidades formativas?

Son esquemas en los que un joven se forma dentro de una empresa mediante un convenio específico, distinto de un contrato laboral ordinario, que combina aprendizaje práctico con una subvención.

¿Qué relación tiene este debate con Colombia?

Colombia aplica la cuota de aprendices del SENA para empresas con 15 o más trabajadores, por lo que el caso peruano sirve para comparar obligaciones de contratación frente a incentivos.

¿Qué puede hacer hoy una pyme con operación en el Perú?

Puede medir cuántos jóvenes tiene en planilla, documentar por qué ciertos cargos exigen experiencia y formalizar por escrito cualquier práctica no remunerada mientras avanza la discusión.