
SELA: cumplir requisitos no arancelarios cuesta a los alimentos lo mismo que un arancel de 17 % y pesa más en las pymes
En la XIII Reunión del GTCC-ALC en Santo Domingo, el SELA presentó que las medidas no arancelarias superan en costo a los aranceles en el 88 % de los países analizados por la UNCTAD.
Cumplir los requisitos no arancelarios que se exigen a los productos agroalimentarios cuesta, en promedio, lo mismo que pagar un arancel de 17 %, según los datos presentados por el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) en la XIII Reunión del Grupo de Trabajo sobre Comercio y Competencia de América Latina y el Caribe (GTCC-ALC), que comenzó el 5 de noviembre de 2026 en Santo Domingo, República Dominicana. El encuentro puso el acento en que ese costo regulatorio pesa más sobre las pequeñas y medianas empresas. Para una pyme que exporta café, frutas, lácteos o alimentos procesados, el mensaje es directo: la barrera más cara para vender afuera muchas veces no es el impuesto en la frontera, sino el papeleo, las certificaciones y las normas técnicas.
La reunión fue organizada por el SELA, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de República Dominicana (PRO-COMPETENCIA) y ONU Comercio y Desarrollo, conocida por su sigla en inglés UNCTAD. Se realizó en modalidad híbrida, con sesiones de trabajo el 5 y 6 de noviembre, y estuvo dedicada a las barreras no arancelarias y su relación con la competencia en los mercados.
Las dos cifras que presentó el SELA
El primer dato es el equivalente arancelario. Según el SELA, el costo promedio de cumplir los requisitos no arancelarios en productos agroalimentarios equivale a un arancel de 17 %. Es decir, aunque un tratado de libre comercio deje en cero el arancel de un producto, la empresa puede seguir enfrentando un sobrecosto comparable al de un impuesto alto solo por cumplir normas, trámites y requisitos.
El segundo dato viene de la UNCTAD: las medidas no arancelarias generan costos de exportación superiores a los aranceles en el 88 % de los países analizados. El comunicado no detalla cuántos países ni qué periodo cubre ese análisis, pero la conclusión es clara: en la gran mayoría de los casos, el obstáculo regulatorio supera al obstáculo tributario.
Este cambio de perspectiva importa porque buena parte de la conversación pública sobre comercio exterior se concentra en los aranceles. Las pymes, sin embargo, suelen tropezar primero con otra cosa: un registro sanitario que tarda meses, un laboratorio acreditado que no existe en su ciudad o una etiqueta que hay que rehacer para cada mercado.
Qué es una barrera no arancelaria y por qué no siempre es mala
Una medida no arancelaria es cualquier requisito distinto de un impuesto de importación que condiciona la entrada de un producto a un mercado. Incluye normas sanitarias y fitosanitarias, reglamentos técnicos, requisitos de etiquetado, certificaciones, licencias, registros y procedimientos aduaneros.
El SELA tuvo cuidado de no presentar estas medidas como un enemigo. Karla Sánchez, coordinadora de Recuperación Económica del organismo, lo explicó así: "No se trata de desconocer los objetivos legítimos que persiguen muchas regulaciones". Las normas de salud, seguridad, sostenibilidad o protección al consumidor responden a objetivos válidos, como evitar que un alimento contaminado llegue a la mesa.
Pero agregó un matiz: "Se trata de identificar cuándo esas disposiciones generan restricciones innecesarias". El problema aparece cuando una norma encarece la entrada al mercado más de lo necesario para cumplir su propósito, o cuando termina favoreciendo a determinados operadores en detrimento de otros.
Por qué el costo pesa más en las pymes
El SELA destacó que el cumplimiento regulatorio afecta de forma diferenciada a las pequeñas y medianas empresas, a las que describió como un actor fundamental del tejido productivo regional. La lógica es sencilla: muchos de los costos de cumplir una norma son fijos.
Una certificación, un análisis de laboratorio, un registro sanitario o un rediseño de etiqueta cuestan casi lo mismo para una gran agroindustria que despacha contenedores cada semana que para una asociación de productores que envía un pedido pequeño al trimestre. La gran empresa diluye ese costo entre miles de unidades; la pyme lo carga sobre pocas.
Piense en tres casos. Una pequeña productora de quesos que quiere vender en un país vecino debe cumplir requisitos sanitarios de origen animal, a veces con inspecciones y habilitaciones de planta. Una empresa de salsas o snacks necesita adaptar su etiqueta nutricional y de alérgenos a las reglas de cada destino. Una asociación de productores de frutas frescas debe demostrar que su producto cumple los requisitos fitosanitarios del mercado de llegada. En los tres casos, el costo de entrar puede comerse buena parte del margen antes de vender la primera caja.
La competencia como herramienta para bajar barreras
La reunión del GTCC-ALC unió dos agendas que suelen ir por separado: la de comercio y la de competencia. María Elena Vásquez Taveras, presidenta de PRO-COMPETENCIA, planteó que las oportunidades económicas requieren condiciones que permitan a los agentes participar, innovar y "competir por sus propios méritos".
La conexión es esta: cuando una regulación eleva sin necesidad las barreras de entrada, puede reducir el número de empresas que compiten y favorecer a unos operadores en detrimento de otros. Por eso el SELA llamó a fortalecer la coordinación entre las autoridades de competencia y las instituciones de comercio, agricultura, salud e industria, para lograr una armonización regulatoria.
Entre las recomendaciones también figuraron prevenir de forma temprana las prácticas anticompetitivas, garantizar reglas claras e instituciones capaces de actuar dentro de sus atribuciones, y generar conocimiento mediante análisis de competencia para formular recomendaciones a los órganos del Estado. El grupo de trabajo cumple 15 años como espacio técnico entre las autoridades de la región.
Una agenda más amplia que los alimentos
Aunque la cifra del 17 % se refiere a los productos agroalimentarios, la reunión abarcó otros frentes que también tocan a las pymes. La agenda incluyó el panorama regional de las barreras no arancelarias, la regulación de servicios públicos e infraestructura estratégica, la facilitación del comercio transfronterizo, las nuevas exigencias ambientales y de sostenibilidad, y la articulación institucional en materia de competencia.
Las exigencias ambientales merecen atención especial. Los requisitos de trazabilidad, huella de carbono o deforestación que imponen algunos mercados compradores funcionan, en la práctica, como nuevas medidas no arancelarias. Para un exportador pequeño, documentar el origen de cada lote puede requerir sistemas y auditorías que antes no necesitaba.
El SELA reiteró su compromiso de trabajar con los Estados miembros para reducir la brecha del comercio intrarregional, promover la convergencia normativa y consolidar mercados más abiertos, justos y competitivos.
Qué significa para las pymes colombianas
Colombia es un exportador agroalimentario relevante en la región y muchas de sus pymes del sector dependen de mercados con exigencias sanitarias y técnicas estrictas. El gremio exportador ya ha pedido medidas de apoyo, como contamos en la nota sobre las propuestas de Analdex para los agroexportadores. El dato del SELA agrega una dimensión: además del clima y la tasa de cambio, el costo de cumplir requisitos puede equivaler a un arancel alto.
También ocurre en sentido contrario. Cuando un país vecino impone una nueva norma técnica, el efecto sobre los exportadores colombianos puede ser inmediato, como ilustró la norma de emergencia que México impuso al cemento, que exige certificado a cada producto y cada planta. Y cuando se negocia un acuerdo comercial, conviene mirar más allá del arancel cero, como en el caso del acuerdo con Emiratos Árabes Unidos.
Si su empresa exporta o quiere exportar alimentos, este chequeo práctico le ayuda a dimensionar el costo real de entrar a un mercado:
Liste todos los requisitos sanitarios, técnicos, de etiquetado y de certificación del país de destino antes de cotizar.
Calcule cuánto cuesta cumplirlos por envío y compárelo con el arancel que pagaría: si supera el margen, replantee volumen o mercado.
Pregunte si su certificación o análisis de laboratorio tiene reconocimiento en el país de destino o si tendrá que repetirlo allá.
Agrupe envíos con otras pymes o con una asociación para repartir los costos fijos de cumplimiento.
Consulte a las entidades de promoción de exportaciones y de sanidad sobre requisitos vigentes y cambios recientes.
Si detecta una norma que restringe sin una razón clara, documéntela y llévela a su gremio para que la plantee ante las autoridades.
Lo que viene: de la cifra a la acción
El valor del dato del SELA está en que pone un número a un problema que muchas pymes conocen por experiencia. Decir que los requisitos equivalen a un arancel de 17 % permite comparar, priorizar y negociar. Para los gobiernos, la tarea es revisar qué normas cumplen su propósito con el menor costo posible y cuáles podrían simplificarse o reconocerse entre países.
Para la pyme, la recomendación es incorporar el costo de cumplimiento en su estrategia desde el primer día. Un exportador que conoce de antemano cuánto le cuesta entrar a cada mercado puede elegir mejor sus destinos, fijar precios realistas y evitar que un requisito inesperado convierta una venta rentable en una pérdida.
Fuente principal: Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), "SELA y ProCompetencia realizan XIII Reunión del GTCC-ALC para impulsar la integración económica de América Latina y el Caribe", publicado el 5 de noviembre de 2026.
Preguntas frecuentes sobre las barreras no arancelarias y las pymes
¿Qué dijo el SELA sobre las barreras no arancelarias?
Según el SELA, cumplir los requisitos no arancelarios en productos agroalimentarios cuesta en promedio lo mismo que un arancel de 17 %. El dato se presentó en la XIII Reunión del Grupo de Trabajo sobre Comercio y Competencia de América Latina y el Caribe, el 5 de noviembre de 2026.
¿Qué es una barrera o medida no arancelaria?
Es cualquier requisito distinto de un impuesto de importación que condiciona la entrada de un producto a un mercado, como normas sanitarias, reglamentos técnicos, etiquetado, certificaciones, registros o trámites aduaneros. Muchas tienen objetivos legítimos, pero pueden elevar costos.
¿Qué encontró la UNCTAD sobre estas medidas?
De acuerdo con lo citado por el SELA, la UNCTAD encontró que las medidas no arancelarias generan costos de exportación superiores a los de los aranceles en el 88 % de los países analizados.
¿Qué es el GTCC-ALC?
Es el Grupo de Trabajo sobre Comercio y Competencia de América Latina y el Caribe, un espacio técnico que, según el SELA, funciona desde hace 15 años. En noviembre de 2026 celebró su reunión número trece.
¿Dónde y cuándo fue la reunión?
Se realizó en Santo Domingo, República Dominicana, en modalidad híbrida, con sesiones de trabajo el 5 y 6 de noviembre de 2026.
¿Quién organizó el encuentro?
Lo organizaron el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de República Dominicana (PRO-COMPETENCIA) y ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD).
¿Por qué afectan más a las pymes?
El SELA destacó que el cumplimiento regulatorio afecta de forma diferenciada a las pequeñas y medianas empresas. Un costo fijo de certificación o registro pesa más cuando se reparte entre pocos envíos y volúmenes pequeños.
¿El SELA pide eliminar las normas sanitarias o técnicas?
No. Karla Sánchez, coordinadora de Recuperación Económica del SELA, señaló que no se trata de desconocer los objetivos legítimos de muchas regulaciones, sino de identificar cuándo generan restricciones innecesarias.
¿Qué recomendó el SELA a los gobiernos?
Fortalecer la coordinación entre las autoridades de competencia y las de comercio, agricultura, salud e industria para armonizar regulaciones, prevenir prácticas anticompetitivas y producir análisis de competencia que sirvan de base a recomendaciones.
¿Qué temas trató la reunión además de los alimentos?
La agenda incluyó la regulación de servicios públicos e infraestructura estratégica, la facilitación del comercio transfronterizo, las nuevas exigencias ambientales y de sostenibilidad, y la articulación entre competencia e instituciones.
¿Qué debe hacer una pyme colombiana que exporta alimentos?
Incluir el costo de cumplir requisitos sanitarios, técnicos y de etiquetado en su precio de exportación desde el principio, verificar los requisitos del mercado de destino antes de negociar y apoyarse en las entidades de promoción y sanidad del país.




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